La fiscal federal Josefina Minatta presentó una denuncia por presunto daño ambiental contra el proyecto de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF impulsa en Paysandú, Uruguay. En el escrito, advirtió que el emprendimiento podría generar contaminación con impacto en territorio argentino y sostuvo que el Gobierno uruguayo incumplió el Estatuto del Río Uruguay, según consta en una presentación ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
En el escrito, al que tuvo acceso Infobae, la funcionaria judicial esgrimió razones para sostener que el emprendimiento de la empresa HIF en Paysandú generará contaminación de diverso tipo. Esta acción afectará el territorio argentino, en particular a la zona de Colón y a las áreas naturales protegidas que están en la región. De allí que el delito considerado sea «daño ambiental».
La acción es, por ahora, la formalización de la investigación que venía llevando adelante. No hay imputaciones formales.
Minatta también planteó que el Gobierno uruguayo incumplió con el Estatuto del Río Uruguay. Este documento lo firmaron ambos países en los ‘60. Establece que el curso de agua es un recurso compartido y que las acciones de cualquier estado deban ser informadas al otro de manera previa. Esto permite abrir un mecanismo de consulta. La Fiscal estimó que, en este caso, ese paso se incumplió.
Además, en el documento hizo un repaso de las actividades que desarrollaría HIF y su impacto directo. Por eso sostuvo que podría incurrir en el delito de contaminación. Como correlato, exigió una serie de medidas para evitar que el posible daño se concrete.
De qué se trata el proyecto
La planta de HIF en Paysandú representará una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Se trataría de la principal inyección de capital privado extranjero en la economía uruguaya. El complejo tendría la capacidad de producir 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina.
En total, se prevé una producción de 880.000 toneladas de e-combustibles anuales en la última fase del proyecto. La empresa ya tiene contratos previos asegurados en Europa para colocar los productos.
Tanto la anterior gestión de gobierno (Partido Blanco), como la actual (Frente Amplio), han dado pasos concretos para habilitar el emprendimiento. Incluso en diciembre de 2025 se firmó un acuerdo que establece una hoja de ruta.
Cuál fue la reacción del Gobierno
La acción judicial no está en línea con los esfuerzos diplomáticos que han hecho la Nación y la Provincia para encauzar el conflicto. Fuentes del gobierno de Rogelio Frigerio indicaron que siguen apelando al diálogo.
Recalcaron que el objetivo es que HIF relocalice la planta 30 km tierra adentro para evitar el impacto en el río, el ambiente y el turismo, que es la principal industria de la región. Hasta ahora, el modelo con el que trabajan las autoridades orientales ubica el complejo a 500 metros de la costa.
Por otro lado, resaltaron que la administración provincial “no se involucra en procesos judiciales. No emitimos opinión de denuncias ni de fallos”, consignaron.
Cuál sería el posible daño ambiental
En su escrito, Minatta enumeró: “La toma indiscriminada de agua del río Uruguay para utilizar su hidrógeno, la contaminación visual que se observará desde Colón, la incineración de madera para obtener carbono, así como la contaminación gaseosa y líquida que se verterá y decantará sobre el río Uruguay resultan factores concretos asociados al efectivo funcionamiento de la industria HIF Uruguay SA”.
Luego, detalló los distintos avances que tuvo el proceso. Esto incluye acciones tomadas tanto por el Gobierno blanco como el frenteamplista.
Además, citó el daño que los trabajos previos y el funcionamiento de la planta podrían ocasionar en áreas protegidas. Entre ellas, citó a las «Islas del Queguay» y sitios «Ramsar», es decir, humedales declarados de importancia internacional por la Unesco.
En la argumentación, Minatta tuvo en cuenta expresiones de grupos ecologistas e informes públicos. En concreto, estas inquietudes alertaron por “las emisiones atmosféricas y térmicas provenientes de chimeneas, antorchas y calderas, emisiones sonoras de la planta”.
En este sentido, los aportes marcaron la potencial incidencia sobre áreas pobladas de ambas márgenes del río Uruguay. “Las observaciones mencionan que la dirección predominante de los vientos podría favorecer la dispersión de contaminantes hacia la margen argentina”, consignaron estos documentos sumados a la presentación.
En sintonía, la Fiscal consideró que la operación del complejo industrial podría “generar impactos visuales y lumínicos sobre el entorno, el bienestar de la población vecina y la fauna nocturna, en particular a las aves sensibles a la luz”.
Incumplimientos
Otro punto donde Minatta puso el acento fue en la falta de información a la CARU (Comisión administradora del río Uruguay) de las tratativas que el Gobierno uruguayo lleva adelante con HIF. La CARU es un órgano binacional que se encarga de administrar el recurso compartido. De allí que la fiscal haya alegado que existió omisión de “desplegar los mecanismos previstos en el Estatuto”.
“El caso bajo estudio presenta bases similares al conflicto suscitado en la región entre los años 2003 y 2010, a raíz de la instalación de plantas de pasta celulosa en Fray Bentos (ROU), frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú”, alertó la funcionaria judicial.
Para más datos, citó una respuesta que la Cancillería uruguaya hizo a la Fiscalía Federal a su cargo sobre si hubo o no consulta a la Argentina por la instalación de HIF. Allí, el Gobierno uruguayo reconoció que no puso en marcha el mecanismo que el Estatuto prevé.
Citando el fallo por Botnia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Minatta trajo a colación el rol central que tiene la CARU para administrar el río.
En varias páginas de su presentación, la demanda enumeró que el emprendimiento podría traer como contrapartida daños a la calidad de las aguas del Río Uruguay y al aire. Además, advirtió por la “peligrosidad que representa el metanol (producto final de la planta) por su alta inflamabilidad y toxicidad”. También consideró el planteo de los intendentes argentinos de la zona: HIF provocaría contaminación visual y afectaría al turismo.
Por otro lado, señaló que es preciso estimar “el efecto que la industria podría aparejar sobre las especiales condiciones de vulnerabilidad de la población ribereña, expuesta ya a inundaciones y riesgos climático”.
El planteo judicial
“Si bien la planta no comenzó a funcionar, sí se han emitido en Uruguay resoluciones favorables al avance del proyecto”, razonó la Fiscal. Luego, evaluó que la iniciativa conlleva una “contaminación probable a pesar de que se desconoce su verdadera magnitud”.
Por eso, con base en las posibles violaciones del Tratado del Río Uruguay, requirió al Canciller argentino, Pablo Quirno, que solicite a las autoridades uruguayas toda la información disponible. Eso incluye la calificada como secreta. Estos datos deberán ponerse a disposición de la comunidad ribereña argentina.
Además, reclamó que la CARU y la secretaría de Ambiente de la Nación tomen medidas para evaluar la calidad del agua y del aire en la zona del conflicto.