El procurador del Tesoro de la Nación Sebastián Amerio destacó hoy que el gobierno del presidente Javier Milei rechaza la expropiación de empresas como política de Estado y definió el reciente fallo de la justicia de Nueva York sobre YPF como un hito porque libera a la Argentina de un pasivo de USD 18.000 millones. Afirmó que la posición contraria a las expropiaciones responde tanto a convicciones políticas como a la incertidumbre y el costo jurídico que generan estos procesos para el país.
El titular de la Procuración del Tesoro realizó estas declaraciones en diálogo con Radio 10, donde remarcó el reconocimiento internacional a la estrategia argentina y la participación de doce países como “amicus curiae”, entre ellos Estados Unidos, Francia, Brasil y Chile, que respaldaron la postura jurídica nacional ante la Corte de Apelaciones de Nueva York.
“La sentencia de la Cámara del Distrito Sur de Nueva York revocó la condena inicial de USD 16.000 millones más intereses, lo que ascendía a algo más de USD 18.000 millones. Ahora la Argentina no debe pagar absolutamente nada; el costo bajó a cero”, precisó Amerio, al ser consultado por el alcance concreto del fallo. El funcionario explicó que el gobierno nacional recibió la gestión con una sentencia adversa y diseñó una “estrategia distinta”, enfocada en revertir el resultado, resistir presiones para negociar y buscar apoyos diplomáticos internacionales.
Amerio puntualizó: “La expropiación es un mecanismo legal. Desde el plano ideológico o político de este gobierno, nosotros estamos en contra de la expropiación. El presidente lo manifestó ayer en cadena nacional. No la tomamos como algo apropiado para el desarrollo del país”. El funcionario sostuvo que la discusión sobre YPF excedía la mera legalidad, y que el verdadero riesgo fue la situación financiera y de inseguridad jurídica en que quedó la Argentina por la decisión de 2012.
Durante la entrevista, el procurador del Tesoro insistió en que la estrategia actual se apartó de la asumida por gestiones anteriores. “La estrategia fue distinta porque ya teníamos una condena en contra. Teníamos que hacer una apelación. Desarrollamos, bajo pedido expreso del presidente Milei, una política de no negociar cualquier cosa y de no ceder a presiones internas o internacionales para llegar a un acuerdo que no iba a favorecer a la Argentina”, detalló Amerio.
El funcionario resaltó el papel “muy relevante” de los países que se presentaron ante la Corte estadounidense para avalar la posición argentina: “Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador y otros actuaron como amigos del tribunal y dijeron públicamente que Argentina tenía razón en su posición jurídica. Eso, como parte del expediente, es de mucha importancia para que los jueces escuchen”.
A la hora de evaluar si la expropiación de YPF trajo beneficios a largo plazo –por ejemplo, balances energéticos favorables gracias a Vaca Muerta–, Amerio relativizó esa lectura y profundizó en los riesgos macroeconómicos del litigio: “Tener la espada de Damocles y 18.000 millones de dólares en expectativa no es solo un monto económico. Es imposibilidad de ingresar a los mercados. Este país no tolera más la incertidumbre ni la falta de seguridad jurídica que se llevó adelante durante muchos años”.
Al abordar eventuales privatizaciones, el procurador se excusó de anticipar opiniones por su rol técnico: “Quizás desde la Procuración deba participar en dictámenes legales sobre privatizaciones que decida el Poder Ejecutivo”. Sobre las negociaciones alternativas que se propusieron antes del fallo, Amerio fue enfático: “Siempre aparecen lobistas, intermediarios, operadores, que ofrecen soluciones mágicas o acuerdos de montos siderales sobre la base de una sentencia fresca. Resistimos esas presiones internas y externas, convencidos de que nuestros argumentos eran sólidos”.
La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York concluyó con un fallo que libera a la República Argentina de la multa por la expropiación de 2012. El fiscal del Tesoro, consultado por Radio 10, sintetizó: “Si hoy algún gobierno piensa en expropiar, se lo va a tener que pensar muchas veces, porque puede pasar que perdamos y estamos hablando de montos muy perjudiciales para las arcas del Estado. Ese riesgo que se corrió fue revertido el día de ayer”.