El decreto 612, que corrigió los alcances de la reglamentación de la reforma laboral, está provocando el resultado que quería el Gobierno cuando aceptó negociar con la CGT esa norma aclaratoria que puso a salvo la caja sindical: se destrabó la renegociación de alrededor de 800 convenios colectivos de trabajo.
Es que la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral restringió aún más las cuotas solidarias y las contribuciones patronales que financian a los sindicatos y comenzó a frenar la rediscusión de los convenios, uno de los objetivos de la administración libertaria que amagaba con naufragar.
Las negociaciones reservadas entre el Gobierno y la CGT se intensificaron a partir del 1° de junio, cuando la publicación en el Boletín Oficial del decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802, en el que sorpresivamente, según los sindicalistas, aparecieron dos puntos que jaqueaban el financiamiento de los gremios.
Por un lado, aquella norma cambió la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo: mientras la ley decía que “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, la reglamentación afirmaba que estaría constituida por el “salario básico convencional”, una fórmula distinta a la original que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.
Por otro lado, la reglamentación de la reforma laboral establecía un tope del 2% que fija la Ley 27.802 para los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, algo que la norma original sólo fijaba para las cuotas solidarias, que proviene de los salarios de los trabajadores, sean o no afiliados, y va en forma directa a los sindicatos.
Esas “alteraciones” incluidas en el decreto reglamentario de la reforma laboral rompieron lo pactado originalmente entre el Gobierno y la CGT cuando se sancionó la ley y, según los dirigentes gremiales, tuvieron el sello del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el más firme detractor de las cuotas solidarias, a las que califica como “peajes sindicales”.
El efecto de la reglamentación “alterada” de la Ley de Modernización Laboral fue una oleada de presentaciones judiciales de sindicatos que interpretaron que ese decreto iba más allá que lo previsto en la propia norma. Pero, a la vez, lo que produjo fue la renuencia de empresarios y gremialistas a renegociar los convenios colectivos a la luz de esas inesperadas limitaciones.
Por eso no hubo respuesta positiva a las intimaciones enviadas a principios de junio por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que se renegocien los convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán actualizarse en las cláusulas sobre las condiciones de trabajo y las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.
Ese escenario preocupante aceleró lo que venían conversando reservadamente el Gobierno y la CGT, y que se concretó tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete: un decreto que aclarara y corrigiera la polémica reglamentación de la reforma laboral.
Así, el decreto 612 fijó que la base de cálculo para el límite del 2% de las cuotas solidarias no es sólo el salario básico: también incluye todas las sumas remunerativas normales y habituales que se cobran todos los meses y que tienen origen en el convenio colectivo. Es decir, si el trabajador cobra otros ítems fijos además del básico también cuentan para calcular el aporte sindical.
En otras palabras, la nueva norma amplió la base de cálculo de las cuotas solidarias y los aportes empresariales, haciendo que los sindicatos puedan recibir más fondos que con la reglamentación anterior, pero manteniendo el límite del 2% sobre los conceptos habituales y mensuales del salario.
A la vez, en el decreto 612 se excluyeron del tope del 2% que fija la Ley 27.802 los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos que son destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, que también son cruciales para el financiamiento actual de los sindicatos.
Así se explica la tendencia actual que alivia y entusiasma al Gobierno: se destrabaron todas las discusiones para renovar los convenios colectivos y actualmente “todos los sectores están negociando, tanto los que tienen convenio de empresa como los de convenio de actividad”, según resaltaron a Infobae en despachos oficiales.
Todavía no se presentó ningún convenio actualizado ante la Secretaría de Trabajo, pero la misma fuente aseguró que representantes de varias actividades “comenzaron a consultar y manifestaron la intención de avanzar” en línea con la nueva legislación y las charlas bilaterales se mantienen en la órbita privada. Aun así, los cambios pueden demandar meses de negociaciones porque se trata de “acuerdos pensados para durar años”.
En ese sentido, en la Casa Rosada afirmaron que el sector del petróleo ya trabaja en posibles modificaciones en los convenios vinculados con la actividad y lo mismo está sucediendo en Comercio, donde el sindicato que dirige Armando Cavalieri y las cámaras iniciaron conversaciones extraoficiales para renegociar el convenio, aunque las tratativas están empantanadas por diferencias con el sector de supermercados.
Aun con cierta resistencia, los sindicatos comenzaron a aceptar la baja de las cuotas solidarias para adecuarse al tope del 2% que marca la ley. Uno de los que tenía uno de los descuentos más altos era el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), dirigido por Ricardo Pignanelli, que equivalía al 4% de la remuneración bruta. Ahora se analizaría respetar ese límite del 2% para los no afiliados y establecer el 4% de descuento salarial como cuota de afiliación.
El Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, también está negociando en forma reservada una reducción de aportes, aunque en este rubro el pionero fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que encabeza Gerardo Martínez, que antes del decreto 612 ya se había alineado con el tope del 2% para las cuotas solidarias y el mismo porcentaje para la cuota extraordinaria empresarial, que se destina a servicios sociales, culturales y asistenciales.
Mientras, en el Gobierno en el Gobierno hicieron hincapié en una innovación que trajo aparejada la reforma laboral: las nuevas empresas exploran la firma de convenios colectivos propios con los sindicatos de actividad y se perfila una tendencia favorable hacia los convenios por empresa, sobre todo en compañías más recientes.
Aún es una incógnita si el avance en la rediscusión de los convenios colectivos de trabajo permitirá que se extiendan distintas herramientas incluidas en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que se incorporaron en las últimas semanas en algunas actividades: una es el llamado “salario dinámico”, incluido en el acuerdo que rige para el personal doméstico, y otra es el banco de horas, que se pactó en la empresa Mirgor, fabricante de electrónica y autopartes, con el aval de SMATA.