En los últimos días, el Gobierno volvió a la carga contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en el plano discursivo, aunque en Casa Rosada aseguran que no figura entre los planes avanzar con su derogación. “No está en la agenda. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, expresó una fuente de Casa Rosada ante Infobae.
En el oficialismo consideran que no están dados “los consensos” en la sociedad para intentar avanzar contra la ley, sancionada en 2020, por lo que las posiciones expresadas hasta ahora se limitan a comentarios de distintos funcionarios.
Durante su participación en el Council de las Américas, el presidente Javier Milei vinculó la militancia feminista y la legalización del aborto con la baja natalidad en el país luego de sostener que eso trae consecuencias económicas y afecta el sistema de pensiones. “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Argentina no llega a la tasa de crecimiento de población y natalidad que permite la reposición. Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando en términos de crecimiento y materia previsional”, planteó el mandatario.
No obstante, desde la administración libertaria buscaron bajarle el tono a sus dichos y aseguraron a Infobae que se trató de un comentario utilizado por el libertario para “explicar” las “inconsistencias” del sistema previsional. “El Presidente cree que la legalización del aborto es uno de los factores, pero no intentó instalar el tema ni mucho menos. Fue solo un comentario desde el utilitarismo económico y tiene solo esa intención”, aclaró un funcionario ante este medio.
Pese a que no hay datos que permitan establecer una relación entre la caída de la natalidad y la ley, el mandatario ya había vinculado ambos temas meses atrás, cuando expresó: “En términos de abortos, la Argentina hizo un desastre para que vos tengas semejante caída en la tasa de reproducción”. Además, acusó de “genocida” a una periodista por respaldar la normativa vigente desde 2021.
Lo cierto es que los dichos de Milei se suman a una serie de expresiones en la misma sintonía. El primero en retomar el tema fue el canciller Pablo Quirno, quien durante el anuncio de la visita del papa León XIV, prevista para los primeros días de noviembre, aseguró que la administración libertaria es defensora “de la vida”.
En paralelo, la Argentina adhirió al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, que reabre el debate sobre los fundamentos bioéticos y jurídicos de la Ley 27.610. El accionar diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto generó el rechazo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que lo calificó como un “posicionamiento ideológico” de la administración libertaria.
En la misma línea, a través de su cuenta de X, el secretario de Culto, Agustín Caulo, expresó: “Que hayamos rechazado el aborto y que tengamos un presidente provida como Javier Milei tiene que servir para darnos fuerzas. Por los niños por nacer y por las mujeres argentinas: la vida va a triunfar! Nunca nos tenemos que resignar a tener una ley tan inhumana”.
Aunque la postura resulta clara, en el oficialismo sostienen que no figura en la hoja de ruta legislativa ninguna iniciativa en ese sentido.
Asimismo, cuando en 2024, algunos legisladores de La Libertad Avanza encabezados por la diputada Rocío Bonacci presentaron un proyecto para derogar la ley de aborto, el Poder Ejecutivo tomó rápida distancia del tema. “No ha sido una decisión del Presidente y no ha sido impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, supo aclarar en ese entonces el exvocero Manuel Adorni.
A principios de este año, diputados violetas firmaron un acta de compromiso para insistir con la derogación de la normativa, en el marco del Día del Niño por Nacer. “Es un compromiso que tenemos, que va más allá de cualquier otra cosa. Antes de ser diputados, antes de ser políticos, antes de pertenecer a un espacio político, en mi lugar primero soy cristiano, soy hijo, soy padre, tengo un compromiso. Entonces necesitamos trabajar juntos para que esto se haga realidad”, señaló el diputado Santiago Pauli.
Sin embargo, mientras sobrevuelan los cuestionamientos contra la Ley 27.610, el Ejecutivo diferencia las expresiones de una eventual determinación. Por ahora, aseguran que la derogación de la normativa no forma parte de la agenda, aunque el debate vuelve a ganar espacio dentro del oficialismo.