Hace 33 años comencé a leer expedientes judiciales para transformar esa letra dura y fría en una redacción, en lo posible, atractiva, para el lector. No siempre lo conseguí. El lenguaje leguleyo suele imponerse, sobre todo, cuando las causas involucran aspectos duros como defraudaciones económicas, niveles de resistencia de materiales de un edificio que colapsó, o herencias para justificar gastos insostenibles de un funcionario público. Pero hay otros expedientes que conmueven, donde los argumentos de los abogados defensores avergüenzan y los relatos de las víctimas estrujan el corazón.
Esto último me pasó en tres casos: Cromañón, Once y ahora, con el de fentanilo contaminado; según la opinión de la Justicia, la peor tragedia sanitaria del país. Como si fuera una operación de suma y resta de fracciones los tres expedientes están unidos por un denominador común: funcionarios que no controlaron y muertes evitables.
El pasado 1 de septiembre el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó el procesamiento contra las máximas autoridades con facultad de policía para certificar que los laboratorios que producen medicamentos cumplen con las Buenas Prácticas de Fabricación. El magistrado consideró que Agustina Bisio, titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), fueron partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales y confirmó, caso por caso, una nómina cerrada de 90 pacientes fallecidos y 44 sobrevivientes con secuelas. En total, 143 víctimas, además de la constitución de 47 querellas en el expediente.
El juez no solo cuantifica con precisión el impacto de la tragedia, las edades de los afectados y los lugares en que fueron tratados con el medicamento en mal estado, sino que describe con criterio científico los síntomas que padecieron, las “reuniones clandestinas” entre supervisoras y supervisados -ya procesados y encarcelados-, y la magnitud del expediente que ocupa cajas, cajones, estanterías y hasta depósitos donde se resguardan más de 230.000 ampollas contaminadas, que los funcionarios judiciales lograron retirar de circulación en un extraordinario despliegue a lo largo de todo el país, evitando que esos medicamentos llegaran a más pacientes.
Quiénes son las víctimas más jóvenes
Entre los 90 fallecidos que reconoce la resolución, la víctima de menor edad es Catarina Chamorro, una beba de siete meses muerta el 23 de mayo de 2025 en el Sanatorio de Niños y Maternidad Oroño de Rosario. También figuran varios adolescentes y jóvenes: Bautista Mena Báez, de 17 años, fallecido el 24 de abril en el Hospital Italiano de La Plata, el mismo establecimiento donde murió Renato Nicolini, de 18 años, el 5 de mayo. La víctima de mayor edad es Rosa Gómez, de 90 años, fallecida el 31 de marzo en el Sanatorio Diagnóstico SA de Santa Fe.
El tramo de 65 a 79 años concentra 43 de los 90 fallecimientos, el 47,8% del total. La edad promedio de las víctimas fatales es de 61 años, y el período que abarcan las muertes confirmadas se extiende desde el 12 de febrero hasta el 2 de julio de 2025, casi cinco meses.
Dos pacientes, Valeria del Lourdes y Silvana del Valle Ciroli, permanecían internadas en un centro de rehabilitación al momento de incorporarse sus informes al expediente, lo que indica que las consecuencias para los sobrevivientes graves incluyeron una recuperación prolongada.
“No fue un error, fue un crimen”
Sol Francese perdió a su hijo Renato Nicolini, de 18 años, el 3 de mayo de 2025, después de que le administraran fentanilo contaminado en el Hospital Italiano de La Plata (uno de los querellantes de la causa). Dieciséis meses después clama: “No se puede tapar con tecnicismos ni con silencio lo que pasó. ¿Quién se hace cargo de las muertes? Lo que hicieron los dueños del laboratorio no fue un error, fue un crimen”, denunció, y responsabilizó también al Estado por estar “ausente y cómplice” en una tragedia que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), según sus palabras, “encubrió”.
El magistrado, con las pruebas a la vista, pareció darle la razón al escribir: “Mantecón Fumadó y Bisio, a total sabiendas de lo que ocurría con los laboratorios, omitieron tomar decisiones correctivas y sancionatorias necesarias, idóneas y oportunas en aras de proteger la salud de la población”.
El reclamo de Francese se repite, con matices, en decenas de testimonios de familiares que perdieron a sus seres queridos tras la administración del fentanilo elaborado por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA. Liliana, madre de Leonel Ayala, un joven de 32 años internado por una pancreatitis en el Hospital Italiano de La Plata, describió la muerte de su hijo en términos que van más allá de las explicaciones que los médicos sueltan en un pasillo o en un consultorio desangelado: “Lo mató la negligencia, la corrupción y el silencio de muchos”. Y agregó, entre lágrimas: “No se trata de un accidente o de un error, se trata de una masacre, de una cadena de responsabilidades, de omisiones, de encubrimientos”.
Luis, padre de Leonel Ayala, profesor de música, rechazó de plano la versión que recibió del hospital sobre la muerte de su hijo. “El director del hospital nos dijo que murió por la pancreatitis. No es cierto porque su recuperación era excelente”, aclaró, y fue tajante: “El fentanilo se lo llevó puesto”. Con un nudo en la garganta también describió el momento en que comenzaron los síntomas que hoy la Justicia asocia a la infección bacteriana: “El 9 de abril comienza a desmejorar, levanta fiebre, empieza a hincharse el vientre y a salir infección en el drenaje que tenía”.
Los testimonios de las familias de las víctimas
A modo de homenaje, Infobae se comunicó con varias de las familias de las víctimas fatales que forman parte del expediente judicial. Además de aportar una foto de sus seres queridos, los dolientes los recordaron con emoción y reclamaron “justicia”. Sus palabras describen a padres, madres, hermanos e hijos que murieron de una manera que consideran “injusta y evitable”.
Renato Nicolini tenía 18 años. Su familia lo describió como “el chiquito con los ojos verdes más lindos y puros” y recordó su sonrisa. “La corrupción nos quitó a la persona más noble, humilde, sencilla”, dijo Sol, su mamá. Retano, recordó, “tenía una profesión que amaba, practicaba deporte y acababa de comenzar su vida como adulto independiente”. Y lamenta que le hayan robado “un futuro juntos”. También expresó su impotencia porque, sostiene, “todo se podría haber evitado si la ANMAT hubiera frenado al laboratorio a tiempo”. Su legado sigue vivo a través de la donación de sus órganos: “Los órganos no van al cielo”, se emocionó al recordarlo.
Yamila Belén López murió a los 27 años. Su familia la recordó como una excelente madre de una nena de 9 años, apasionada por su trabajo y a punto de recibirse de maestra. “Toda una vida por delante con muchas ganas de vivir”, escribieron quienes la extrañan a diario y le agradecieron haberla tenido en su camino.
Héctor Vilches tenía 73 años. Sus hijos lo definieron como “un hombre bueno, sencillo y de un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar y acompañar a quienes amaba”. Trabajador y profundamente familiar, les dejó como enseñanza “el valor del esfuerzo, la honestidad y el amor incondicional”.
Miguel Ángel Maino murió a los 67 años. Fue recordado como papá, abuelo, compañero, amigo y sostén de su familia. Sus seres queridos afirmaron que no van a parar “hasta honrarlo con justicia”.
Roberto Cuaglia tenía 68 años. Padre y abuelo, fue descrito como “una excelente persona, querida por quienes tuvieron la suerte de conocerlo”. Su familia pidió justicia “por todas las víctimas” y remarcó que su muerte fue “de una manera injusta y evitable”.
Susana Beatriz Speranza tenía 67 años. Su hija dijo no poder expresar con palabras el dolor de su ausencia y pidió justicia “por ella y por todos los demás inocentes”.
José Graziadei. Sus hermanos lo destacaron como un hombre “con un corazón gigante, alegre, bondadoso y dispuesto a dar una mano”. Evocaron los almuerzos de los domingos y aseguraron que esos momentos “van a ser eternos”.
Ana Belén Salazar murió a los 38 años. Su familia la llamó “nuestra princesa, la muñeca de su abuela” y la describió como cariñosa, amante de la música y de sus sobrinos.
Daniel Alberto Sánchez tenía 66 años. Su pareja, tras 49 años juntos, pidió que no se lo recuerde solo por la forma en que murió, sino por “la hermosa persona que fue mientras vivió. Era un hombre apasionado por el básquet que dejó su huella en quienes lo conocieron. Jamás te olvidaremos”, escribieron sus hijos.
Carlos Salvato tenía 78 años. Su familia lo definió como alguien que “amaba la vida tanto como a su familia” y le agradeció “por todo lo que nos diste y enseñaste”.
Estela Farías hoy tendría 65 años. Su familia aseguró que no deja de extrañarla y que su ausencia dejó “un vacío tan grande que es imposible que deje de doler”.
Martha Sofía Díaz Mendoza murió sin haber podido disfrutar de sus hijas, sus nietos y su bisnieta, según el mensaje de su familia. “Te faltaban abrazos, momentos, cumpleaños, reuniones y tantos recuerdos que hoy ya no podremos compartir con vos”, escribieron, y agregaron que no se quedarán en silencio: piden que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que los responsables respondan ante la Justicia.
“Por mamá. Por todas las víctimas. Por todas las familias que hoy lloran. Queremos verdad y justicia. Que nadie los olvide”, concluyó la familia de Díaz Mendoza, en un mensaje que resume el reclamo compartido por todos los allegados de las víctimas.
El expediente más voluminoso de la historia judicial sanitaria argentina
La causa FLP 17371/2025, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, es considerada la investigación penal más extensa en materia sanitaria de la historia argentina. Solo el cuerpo principal acumula 6.234 fojas distribuidas en 31 cuerpos, a los que se suman 1.403 fojas en ocho cuerpos dedicadas exclusivamente al seguimiento de las 230.000 ampollas contaminadas recuperadas y hoy bajo resguardo judicial. Otros 25 cuerpos, con cerca de 5.000 fojas, reúnen los casos de pacientes fallecidos que no figuraban en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, mientras que cuatro legajos adicionales —3.889 fojas y 18 cuerpos— contienen las investigaciones consideradas clave para la causa.
A ese voluminoso expediente documental se suman 174 legajos con historias clínicas y documentación complementaria, 15 causas conexas y el secuestro de unos 40 dispositivos entre teléfonos, computadoras, pen drives y discos externos, según el detalle judicial acumulado desde el inicio de la instrucción. El expediente completo reúne alrededor de 400 legajos y sublegajos, 30 cajas de documentación y dos armarios de efectos secuestrados.
Las palabras del juez sobre la conducta de las ex funcionarias
En la resolución de procesamiento, Kreplak no matizó su descripción de la conducta atribuida a Bisio y Mantecón Fumadó. “Dilaciones injustificadas, reuniones clandestinas, arreglos incomprensibles, todo ello con acabado conocimiento de la situación imperante y siempre orientado a la misma dirección: privilegiar los intereses de los laboratorios frente al riesgo potencial de la población ante tamañas irregularidades”, escribió el magistrado en las conclusiones del fallo.
Sobre el desenlace que derivó en la denuncia penal, el juez fue igual de contundente: “Tuvo que pasar lo peor para que, de una vez por todas, el manto de cobertura tendido empiece a caerse: fallecimientos, toma de estado público de la tragedia sanitaria y una denuncia penal ineludible”. El magistrado remarcó además que ni la propia investigación judicial modificó el patrón de conducta de los organismos de control: “La falta de colaboración con la investigación judicial, en buena medida, obedeció a su falta de transparencia anterior”.
El dictamen fiscal no descarta el homicidio agravado
El pedido de detención e indagatoria contra las dos ex funcionarias, que derivó en el procesamiento de las funcionarias, había surgido de un dictamen firmado por la fiscal María Laura Roteta y el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El escrito encuadró la conducta de Mantecón Fumadó y Bisio en el artículo 201 bis del Código Penal —adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte— respecto del lote 31202, y en el artículo 200 respecto del lote 31244, en concurso real. La fiscalía dejó además abierta la posibilidad de aplicar el artículo 80, inciso 5°, del Código Penal, que prevé la figura de homicidio agravado.
En un dictamen previo sobre la actuación de la ANMAT y el INAME, los fiscales ya habían advertido sobre la magnitud del riesgo generado: “Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas”, sostuvieron, y agregaron que la suma de irregularidades “comprometió gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.
Rosario y La Plata, los epicentros de la tragedia
Santa Fe, con Rosario como epicentro absoluto, concentra 57 de los 90 fallecimientos, el 63,3% del total. Solo el Hospital Italiano de Rosario y el Sanatorio Parque de la misma ciudad suman 28 muertes entre ambos. Buenos Aires, con los casos de La Plata, la Ciudad Autónoma, Olavarría y Bahía Blanca, aporta otras 21 víctimas fatales.
Ese patrón geográfico se refleja en los testimonios recogidos entre las familias. Sandra, madre de Daniel Oviedo, un paciente con insuficiencia renal que esperaba un trasplante, describió el deterioro que atravesó su hijo sin que nadie le explicara la causa real: “Empezó el problema de fentanilo, que nosotros no sabíamos, lo veíamos que se hinchaba, se brotaba tipo sarampión. No te puedo explicar, ¿viste una embarazada de nueve meses? Así estaba la panza de mi hijo”.
El reclamo por la falta de información a las familias
Uno de los ejes más repetidos entre los testimonios de familiares es la demora de los hospitales y del Ministerio de Salud en informar sobre la administración del fármaco contaminado. Anabela, hermana de Santiago Castillo, un visitador médico de 45 años fallecido el 8 de mayo de 2025 en el Hospital Rossi, contó que la familia recién conoció la causa real de la muerte al reclamar la historia clínica: “Nos enteramos después pidiendo historia clínica de que le habían aplicado el fentanilo contaminado”, relató, y precisó que “las historias clínicas dicen que le aplicaron el fentanilo, el número de lote, el laboratorio, está todo en la causa penal”.
Dionisio, hermano de Celia Hernández, una mujer de 74 años fallecida tras 23 días de estar en terapia intensiva, planteó el mismo interrogante sobre la transparencia institucional: “Si el hospital no tiene nada que ocultar, ¿por qué no llamaron a las familias para informarles que sus seres queridos recibieron fentanilo adulterado? ¿Por qué tenemos que enterarnos por otro lado?”.
El mecanismo clínico detrás de las muertes
La resolución de procesamiento detalla que la contaminación bacteriana de las ampollas —con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii o mannitolilytica— incrementó el riesgo de muerte de pacientes que ya se encontraban internados por patologías de base graves. Según el Cuerpo Médico Forense, citado en el fallo, “el contagio bacteriano, cuyo vector han sido las ampollas de fentanilo contaminado, produjo un agravamiento significativo del cuadro de salud de los pacientes infectados y, por tanto, un peligro suplementario para su supervivencia al incrementar su riesgo de muerte”.
La contaminación había sido detectada de manera independiente por la Coordinación de Microbiología del Hospital Italiano de La Plata, que el 15 de abril de 2025 informó tres cultivos positivos de Ralstonia pickettii, un microorganismo de presencia intrahospitalaria infrecuente. Días después, ese hallazgo permitió establecer el nexo con el fentanilo de la marca HLB.
Los 15 procesados en la causa del fentanilo contaminado
Hasta el momento la causa tiene 15 procesados que para el juez Kreplak son responsables en la cadena de producción, control de calidad y fiscalización sanitaria por parte del Estado y que derivó en la muerte de al menos 90 personas y en lesiones graves o gravísimas en otras 43.
Ariel Fernando García Furfaro es señalado como el propietario real del conglomerado empresarial detrás de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA. Pese a las formalidades societarias, tanto él como el personal de ambos laboratorios lo reconocían abiertamente como el “dueño” y como la máxima autoridad con capacidad de decisión sobre la operación de ambos establecimientos productivos.
Diego Hernán García, hermano de Ariel, ocupaba un puesto de decisión relevante en la operatoria cotidiana de los laboratorios del grupo empresario. Era él quien impartía de modo verbal las órdenes de producción: qué medicamento se fabricaba y en qué momento.
Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, se desempeñaba como vicepresidenta y accionista de HLB Pharma Group SA. Integraba, además, gran parte de las sociedades que conforman el conglomerado manejado por la familia y era beneficiaria de los réditos económicos de sus actividades.
Javier Martín Tchukrán era la persona de máxima confianza de los hermanos García, con capacidad de decisión dentro del esquema de conducción de Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, donde ejercía el cargo de director general.
José Antonio Maiorano fue director técnico de HLB Pharma Group SA desde el 4 de noviembre de 2024 hasta el 16 de mayo de 2025. Tuvo intervención directa en los batch records de los lotes de fentanilo contaminados, y avaló su liberación al mercado.
Carolina Ansaldi ejercía como directora técnica de Laboratorios Ramallo SA al momento de la producción del fentanilo contaminado. Tenía a su cargo la supervisión y el control de la elaboración del fármaco, y su intervención efectiva quedó acreditada por las firmas insertas en los batch records de los lotes contaminados.
María Victoria García se desempeñaba como gerenta de Gestión de Calidad de Laboratorios Ramallo SA, con relevante intervención en los batch records de los lotes contaminados.
Wilson Daniel Pons era el jefe de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA. Su intervención también fue corroborada mediante la obtención de los batch record y la documentación anexa de los lotes contaminados.
Adriana Iúdica ocupaba el cargo de subjefa de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA. Su participación quedó documentada en los batch records de ambos lotes, en los que dejó asentado que los análisis microbiológicos del producto no presentaban observaciones.
Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar era la jefa de Garantía de Calidad de Laboratorios Ramallo SA. Su intervención está documentada en los Protocolos de Análisis Microbiológico y Endotoxinas Bacterianas del Producto Intermedio y en los Controles del Proceso de SPPV correspondientes a ambos lotes.
Rocío del Cielo Garay se desempeñaba como supervisora de Fisicoquímica de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA. Su intervención se encuentra acreditada en la elaboración de ambos lotes, específicamente en los Protocolos de Análisis de Agua para Inyectables correspondientes.
Edgardo Gerardo Antonio Sclafani estaba a cargo de la Gerencia de Producción y Mantenimiento de Laboratorios Ramallo SA. Su intervención aparece registrada en los batch records y en la documentación anexa de los lotes cuestionados.
Eduardo Darchuk ejercía como jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen. Avaló el proceso productivo de ambos lotes de fentanilo, y las órdenes de producción le eran comunicadas directamente por Diego García.
A estos trece imputados por la adulteración de sustancias medicinales se sumaron, en un procesamiento posterior, las dos ex funcionarias de los organismos de control sanitario:
Nélida Agustina Bisio, ex administradora nacional de ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del INAME, quedaron procesadas como partícipes necesarias por haber omitido la adopción de medidas preventivas y correctivas pese a conocer las deficiencias críticas de las plantas y los reportes de efectos adversos vinculados al fentanilo contaminado.
De los seis primeros, García Furfaro, Diego García, y Maiorano permanecen con prisión preventiva, mientras que Nilda Furfaro, Tchukrán y Ansaldi cumplen prisión domiciliaria. Los siete responsables técnicos intermedios de Ramallo fueron procesados como coautores sin prisión preventiva, bajo restricciones cautelares. Bisio y Mantecón Fumadó, procesadas como partícipes necesarias, afrontan además un embargo de 500.000 millones de pesos cada una.
Ambas ex funcionarias deberán presentarse mensualmente ante la Policía Federal, entregar sus documentos de viaje y abstenerse de mantener contacto con personas vinculadas a la ANMAT y el INAME, mientras la Justicia continúa evaluando la posible responsabilidad penal de otros funcionarios públicos. En los próximos días las defensas de Bisio y Mantecón Fumadó apelarán la decisión del magistrado.