El endeudamiento de los hogares y las dificultades para afrontar compromisos financieros se instalaron en la agenda del Congreso, en un contexto de reclamos de familias que acumulan deudas. En ese escenario, la diputada nacional Lourdes Arrieta, que dejó el bloque de La Libertad Avanza y hoy integra las Provincias Unidas, sostuvo que la morosidad dejó de ser un asunto limitado a casos aislados y atraviesa a familias de distintos puntos del país.
La legisladora defendió, en diálogo con Infobae A las Nueve, el tratamiento de iniciativas parlamentarias que buscaron instalar el problema en la agenda y afirmó que los acuerdos alcanzados reunieron propuestas de varios sectores.
La diputada también se refirió a su salida de la bancada oficialista, que vinculó con discrepancias sobre el uso de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). A la vez, planteó críticas por la atención de los afiliados y trabajadores de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, IOSFA.
Endeudamiento familiar en el centro del reclamo parlamentario
La discusión sobre la morosidad y las familias endeudadas expuso diferencias entre los bloques en la Cámara de Diputados. Arrieta afirmó que el Gobierno demoró el reconocimiento de una problemática que, según dijo, se extiende entre personas que necesitan aumentar sus horas de trabajo para cubrir sus gastos y obligaciones.
La legisladora acompañó un dictamen surgido de proyectos de distintos espacios. Según explicó, el texto no respondió a una sola iniciativa, sino a una negociación parlamentaria que buscó reunir planteos sobre la situación de los deudores.
“Me parece que era importante declarar en su momento de interés la marcha de los endeudados”, sostuvo Arrieta. La diputada aclaró que aquella declaración no resolvía el problema de fondo, aunque la consideró una señal institucional frente al reclamo de las familias.
También señaló que el diputado Pablo Juliano tuvo una intervención para acercar posturas durante el debate. “Lo juntamos a todos y termina siendo el dictamen que se termina de resolver”, relató sobre el proceso que derivó en el acuerdo.
Al describir el efecto de las deudas en los hogares, Arrieta afirmó que “cada vez vemos más esclavitud del bolsillo”. La frase condensó su cuestionamiento a la presión que, según indicó, generan los compromisos financieros en la economía cotidiana.
La diputada recordó que había advertido sobre ese escenario antes de su alejamiento de La Libertad Avanza. “Íbamos a terminar trabajando dos, tres veces más o hasta cuatro para poder sobrevivir”, dijo al referirse a quienes deben multiplicar sus ingresos para sostenerse.
La diputada reivindicó su identidad libertaria y cuestionó al Gobierno
Aunque se distanció del oficialismo, Arrieta aseguró que mantiene su definición política. “Soy libertaria”, respondió al ser consultada por su vínculo con el espacio que llevó a Javier Milei a la Presidencia.
Su crítica se dirigió a la conducción de La Libertad Avanza y a las decisiones que, a su entender, desplazaron de la discusión a quienes acompañaron el proyecto desde sus comienzos. “Los libertarios quedamos afuera”, expresó.
Según la legisladora, el Gobierno se apartó de las ideas que ella respaldaba. “Me parece que el presidente se ha desviado del proyecto original que acompañamos”, afirmó, y planteó que espera que otro dirigente pueda retomar esa propuesta política.
Arrieta atribuyó ese cambio a intereses personales y sostuvo que el oficialismo dejó sin respuestas a sectores que, según enumeró, incluyen a jubilados, personas con discapacidad, indigentes, trabajadores y personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
“Se olvidaron del jubilado, se olvidaron del discapacitado”, afirmó. En su repaso también incluyó a empleados civiles de esas áreas y cuestionó que el Gobierno se concentre, según dijo, en acompañar y proteger a integrantes propios.
La diputada aclaró que respalda objetivos como el superávit, el déficit cero, la transparencia de las cuentas públicas, la producción y la llegada de inversiones. “Eso no se discute”, señaló al diferenciar esas metas de sus cuestionamientos a la gestión.
Consultada sobre una eventual referencia presidencial por fuera del oficialismo, evitó dar un nombre. Dijo que existe “muchísimo malestar interno” y que parte del espacio libertario busca reorganizarse, aunque agregó que no sabe cuál será el desenlace.
Arrieta sostuvo que una marcha atrás en las políticas económicas también podría perjudicar a la población. Su planteo fue que la discusión debe combinar el orden de las cuentas públicas con medidas que contemplen la situación de los sectores afectados.
El voto contra los fondos reservados de la SIDE marcó su salida del bloque
La diputada ubicó el quiebre con el oficialismo en la votación por los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Afirmó que rechazó esos recursos cuando aún formaba parte de la bancada de La Libertad Avanza porque tenía dudas sobre su destino.
“Cuando voté en contra de los fondos reservados de la SIDE”, respondió cuando le preguntaron en qué momento advirtió una diferencia irreconciliable con las decisiones del bloque. Luego de esa votación, indicó, presentó una denuncia vinculada con el tema.
Arrieta mencionó una partida cercana a $40.000 millones, aunque precisó que no recordaba la cifra exacta. De acuerdo con su relato, el rechazo generó un conflicto interno que terminó con el pedido para que dejara la bancada una semana después.
La legisladora creó entonces su monobloque. Explicó que su alejamiento tuvo dos etapas: primero, dijo, fue apartada del partido y, más tarde, del bloque parlamentario que integraba en la Cámara de Diputados.
“Tuve la oportunidad de alzar mi voz y decir las cosas que no me gustaban”, expresó. En ese contexto, incluyó sus cuestionamientos sobre organismos y áreas estatales como PAMI, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Aduana e IOSFA.
Arrieta también fue consultada por la visita a represores detenidos en el penal de Ezeiza, una controversia que involucró a legisladores de La Libertad Avanza. La diputada no definió si consideraba correcta o equivocada aquella decisión.
“Mi reflexión es: hice lo que tenía que hacer y nada más”, sostuvo. Al mismo tiempo sostuvo que confía en la Justicia argentina y que los legisladores tienen derecho a escuchar posiciones y sectores diversos.
“Cada uno como legislador tiene derecho de escuchar a todos y de ir a todos lados”, afirmó. Arrieta agregó que, en su caso, hizo las denuncias y las exposiciones que consideró correspondientes.
Problemas de los trabajadores y afiliados de IOSFA
Otro de los ejes que planteó la diputada fue la situación de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Arrieta afirmó que desde hace meses trabaja con trabajadores y afiliados para trasladar sus reclamos al Congreso.
Como integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, explicó que siguió los problemas que atraviesan los empleados y beneficiarios de la entidad. Su tarea legislativa, señaló, la llevó a recibir denuncias y pedidos vinculados con la cobertura y las condiciones laborales.
“Hay familias de trabajadores que hoy quedan prácticamente en la calle”, afirmó la legisladora. Para Arrieta, la situación de los empleados de la obra social requiere una respuesta de las autoridades.
También sostuvo que el Gobierno dejó de atender las necesidades de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. En esa observación incluyó a los trabajadores civiles del sector y a sus familias.
La diputada dijo que busca llevar esos planteos al recinto y a las comisiones. “Golpeo mucho las puertas”, expresó al describir sus gestiones, que parten de reuniones con personas afectadas y derivan en iniciativas o reclamos legislativos.
Entre otras cosas, Arriete defendió su desempeño parlamentario tras su salida del bloque oficialista y aseguró que presentó 70 proyectos propios entre iniciativas de ley y pedidos de informes. “Pueden fijarse en la Cámara de Diputados, setenta presentados”, afirmó.
Entre las propuestas que mencionó figura un proyecto de monotributo digital. La iniciativa buscaba establecer un subrégimen destinado a trabajadores que ofrecen servicios virtuales a clientes o empleadores de otros países.
Según explicó, el proyecto apuntaba a que diversos trabajadores pudieran incorporarse a un régimen con condiciones más adecuadas para su actividad. La diputada vinculó esa iniciativa con la necesidad de reconocer nuevas modalidades laborales.
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