La toma del edificio donde funcionó el Instituto Juan Domingo Perón que lideró el dirigente Juan Grabois, quien estuvo varias horas detenido acusado de usurpación, daños y lesiones, volvió a poner en el foco de atención la decisión del Gobierno de cerrar esa dependencia y la polémica en torno a la cooperativa que estaba a cargo del restaurante, que es investigada por diversas irregularidades.
El Gobierno anunció el mes pasado el cierre del instituto y el traspaso del edificio y los bienes del lugar a la órbita del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello. Según se explicó, la decisión se tomó en el marco de las políticas de austeridad y despolitización del uso de bienes del Estado. Se dispuso la desvinculación de 24 empleados, que demandaban unos $ 400 millones por año.
La Casa Rosada explicó que la investigación histórica sobre el expresidente Perón ya se realiza en múltiples universidades, centros académicos, fundaciones e instituciones especializadas, que garantizan un estudio libre y “sin condicionamientos estatales. ”En el último año, el instituto no entregó ni presentó documentos ni estudio alguno», indicaron.
Este sábado a la tarde, Grabois y unos 50 militantes del Frente Patria Grande y Argentina Humana ingresaron por la fuerza al inmueble de la calle Austria al 2500, en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Para entrar, rompieron una puerta de vidrio reforzado, en medio de forcejeos con efectivos de la Policía Federal que estaban de custodia.
El ingreso lo hicieron desde “Café con Perón” –explotado por la Cooperativa de Trabajo “Lo de Néstor”– un restorán que funcionaba como un apéndice y que no contaba con las habilitaciones correspondientes para continuar abierto, de acuerdo a la información y actuación oficiales a las que tuvo acceso Infobae.
Lo cierto es que, luego de ordenado el cierre del Instituto, el edificio quedó vacío, con el objetivo de ser reutilizado por el Ministerio. Todo el acervo histórico y los bienes fueron trasladados para su custodia a organismos estatales, como la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y el Archivo General de la Nación, para su preservación. “Se hizo un inventario y está abierta la posibilidad de que una persona humana o jurídica, como puede ser el PJ, se presente a reclamar”, precisaron las fuentes.
Pero más allá de la cuestión histórica y política, se abrió una controversia por el destino del edificio y el funcionamiento de “Un Café con Perón”, cuyos responsables, en medio de las tensiones por la toma de Grabois y su posterior detención, reclamaron seguir funcionando.
Sobre el destino del inmueble, fuentes del Gobierno anticiparon a Infobae que la propiedad no está en venta y tampoco podría enajenarse, debido a que tiene la condición de Patrimonio Histórico. En principio, lo que están analizando en el Ejecutivo es convertir el lugar en una biblioteca pública enfocada en niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad auditiva y visual y ceder el restaurante a un emprendimiento gastronómico para personas neurodivergentes.
Cooperativa investigada
El cierre del Instituto y la toma de Grabois de este sábado puso bajo la lupa la situación de la cooperativa “Lo de Néstor”, que ya fue denunciada por un diputado de la Coalición Cívica y que tenía el permiso de funcionamiento revocado y la “obligación de restituir el inmueble y los bienes”. Es que, junto al local, que fue cedido por un canon irrisorio, también se le cedió toda la vajilla, mesas, sillas y máquinas, de propiedad pública.
El 5 de septiembre de 2024, el organismo a cargo del control de la actividad, el INAES, le suspendió la operatoria a la cooperativa y le inició un sumario. Se notificó a ARCA (ex AFIP) la suspensión de la operatoria, y se suspendió el CUIT.
Como consecuencia de ese sumario, el 15 de febrero pasado, el INAES le retiró la autorización para funcionar. Contra esa medida, la cooperativa interpuso un recurso de reconsideración, que fue rechazado en abril pasado. “La cooperativa no puede operar, porque carece de autorización para funcionar y, además, la CUIT se encuentra inactiva por parte de ARCA”, indicaron.
Además, según otro documento al que accedió este medio, se detectó “fraude cooperativo y obstrucción a la fiscalización pública por parte del INAES”.
En concreto, durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión en el Ministerio de Cultura, de Tristán Bauer, se le otorgó la concesión a la cooperativa, cuyo presidente es Leonardo Duva, amigo del ex mandatario. Según informó el Gobierno, se le fijó un canon inicial de $117.000, calificado como “irrisorio, para la cantidad de metros concesionados y la zona en la que se encuentra”.
Aunque Duva manifestó públicamente que estaba en regla, el Ministerio de Capital Humano dispuso la revocación del contrato del bar temático “Un Café con Perón” el 26 de mayo y notificó la decisión el día siguiente. “La revocación se enmarca en el Decreto N.º 346/2025, que dispuso la disolución de varios organismos estatales, entre ellos el Instituto Perón, para optimizar el Estado y reducir el gasto público”, indicaron las fuentes.
El presidente de la Cooperativa ya está siendo investigado en el marco de una denuncia penal previa realizada por el diputado porteño Facundo Del Gaiso por haber recibido 36 millones de pesos en subsidios estatales sin ofrecer ninguna contraprestación social, como lo exigía la normativa vigente. Se lo acusa por “defraudación por administración fraudulenta, defraudación y malversación de caudales públicos”.
