La esposa de Nahuel Gallo, el argentino que se encuentra detenido de forma ilegal en Venezuela, denunció que el gendarme inició una huelga de hambre junto a otros presos que se encuentran en la cárcel El Rodeo I, en las periferias de Caracas. La medida tiene que ver con la Ley de Amnistía que promulgó el régimen chavista en los últimos días y que dejó excluidos a estos reclusos.
La denuncia la realizó María Alexandra Gómez, esposa del agente argentino que fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó ingresar a territorio venezolano para visitar a su familia en la frontera con Colombia. Según señaló en sus redes sociales, “lo que están haciendo cruzó el límite de los inhumano“, sostuvo en el escrito.
“Responsabilizo a Martinez Rangel quién es el director del recinto, lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes sólo es responsabilidad de usted y sus custodios. A la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, al Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, dejen de jugar con la ilusión y expectativa de nosotros y de Nahuel. Nahuel es inocente y tiene que ser liberado YA”, escribió en el mensaje.
En tanto, criticó: “¿Que está haciendo la ONU con respecto a la violación constante de los Derechos Humanos y Fundamentales? Nahuel Agustín Gallo tiene 441 días en Desaparición Forzada, una huelga de hambre agravada muchísimo más está situación. BASTA, LIBÉRENLO YA».
De acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas, el director del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, señaló que, de acuerdo con familiares, «aproximadamente 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo I. Estamos intentando verificar la situación“.
La activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, también informó sobre la situación y completó: “En su mayoría son militares, pero también hay civiles y extranjeros. Todos exigen libertad“.
Las demandas se centran en exigir libertad y rechazar la aplicación restringida de la ley de amnistía. “Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias”, señaló más temprano Romero.
Los familiares de los reclusos han acampado durante más de un mes y medio fuera de El Rodeo I y de otros centros de detención, exigiendo mayor celeridad en las excarcelaciones ordenadas por la Ley de Amnistía. En declaraciones recogidas por AFP, mostraron su frustración ante las demoras y la opacidad de los procedimientos: “¡Queremos irnos a nuestras casas, queremos irnos a nuestros hogares!… ¡¿Hasta cuándo tanto abuso de poder? Libérenlos, todos son inocentes!”. Yessy Orozco, hija de un detenido, reclamó: “El perdón nos lo tienen que pedir ellos a nosotros que nos han secuestrado, que nos han robado, que han violado todos nuestros derechos humanos, ya basta de tanto abuso, de tanta tortura allá adentro y acá afuera”.
El penal El Rodeo I permanece con acceso restringido y, según testimonios recabados por AFP, las autoridades no proporcionan información oficial ni permiten visitas familiares en este momento.
La Ley de Amnistía fue promulgada tras su aprobación por el Parlamento chavista, con la promesa de liberar a presos por motivos políticos desde 1999 hasta 2026. El diputado Jorge Arreaza, al frente de la comisión parlamentaria, informó que la Fiscalía General presentó 379 solicitudes de amnistía ante los tribunales y aseguró que las liberaciones debían realizarse entre la noche del viernes y la mañana del sábado. De esas solicitudes, 371 afectan a Caracas y las demás a otras regiones.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez pidió “celeridad” a la comisión especial para atender los casos no incluidos en la ley y defendió la amnistía como “un paso hacia una Venezuela más democrática, más justa, más libre”.
Sin embargo, Foro Penal estima que al menos 400 detenidos —principalmente militares, pero también otros relacionados con operaciones recientes— han quedado excluidos de la amnistía y la organización entregará a la comisión parlamentaria una lista de 232 casos para su revisión.