El Gobierno nacional enfrenta el primer gran conflicto derivado de una de las desregulaciones impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Apenas entró en vigencia el decreto que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje con el objetivo de reducir los costos portuarios y aumentar la competencia, los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país resolvieron dejar de prestar servicios por tiempo indeterminado, en un inédito boicot destinado a impedir la aplicación de la nueva normativa.
La Prefectura Naval Argentina comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de manera inmediata la prestación, al advertir que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que la interrupción de esa actividad podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.
La decisión del sector amenaza con trasladar el conflicto a uno de los engranajes centrales del comercio exterior argentino. Los prácticos son los profesionales que asesoran a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los buques en ríos, canales y puertos, una tarea obligatoria en buena parte de la navegación comercial por las características de la Hidrovía y de los accesos portuarios del país.
Qué cambia el Decreto 690
El decreto firmado por el presidente Javier Milei forma parte de la estrategia que plantea el Gobierno para reducir el denominado “costo argentino”, mediante la eliminación de regulaciones que, según la visión oficial, restringen la competencia y encarecen la actividad económica.
La nueva reglamentación reemplaza un régimen vigente desde 1991 y elimina una serie de requisitos que el Ejecutivo considera obsoletos. Entre otras modificaciones, establece un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la Prefectura Naval, permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales, dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fije tarifas máximas para el servicio y obliga a publicar los precios para favorecer la competencia.
La norma también elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales, amplía los casos en los que determinados buques quedan exceptuados de contratar el servicio obligatorio e incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad cuando existan situaciones excepcionales.
“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, sostuvo Sturzenegger al anunciar la reforma. Según el ministro, el sistema vigente había creado barreras de ingreso para nuevos prestadores, reduciendo la competencia y elevando los costos logísticos que afronta el comercio exterior.
El funcionario también explicó que la reforma amplía las dimensiones de los buques a partir de las cuales resulta obligatorio contratar un práctico, crea áreas en las que ya no será necesaria esa asistencia y elimina la obligación de cambiar de profesional durante un mismo trayecto, una segmentación que, según sostuvo, había sido creada por la propia regulación y terminaba encareciendo la operatoria.
Sin embargo, la entrada en vigencia del decreto provocó una respuesta inmediata de los profesionales alcanzados por la medida.
Boicot por tiempo indeterminado
Según pudo saber Infobae de fuentes del sector privado directamente afectadas por la nueva reglamentación, los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país acordaron dejar de prestar servicios profesionales a bordo de cualquier buque argentino o extranjero que requiera su asistencia desde este domingo y por tiempo indeterminado, hasta que el Poder Ejecutivo suspenda la aplicación del Decreto 690/2026.
Las mismas fuentes sostienen que la nueva normativa modifica aspectos que consideran esenciales para la seguridad de la navegación. Entre otras objeciones, cuestionan la ampliación de las exenciones al uso obligatorio de prácticos, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros puedan acreditar mediante una declaración jurada el conocimiento de la zona para navegar sin ese asesoramiento profesional y los cambios introducidos en las condiciones para el embarque y desembarque de los prácticos.
También anticiparon que preparan una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto, al entender que la nueva regulación pone en riesgo la seguridad de la navegación.
Mientras tanto, el conflicto comenzó a mostrar sus primeras consecuencias sobre la actividad portuaria.
Según fuentes vinculadas al sector consultadas por Infobae, una de las maniobras que debió ser suspendida involucró al buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación resulta necesaria para tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). De acuerdo con esas versiones, la embarcación decidió permanecer fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar, lo que demoró el inicio de una serie de operaciones previstas para el tendido de infraestructura submarina.
Intimaciones de Prefectura
En las intimaciones distribuidas durante las últimas horas, la Prefectura Naval recordó que el practicaje constituye un servicio público regulado por el artículo 99 de la Ley de Navegación y exigió a cada profesional poner inmediatamente sus servicios a disposición, “sin condicionamiento alguno”, para cumplir las funciones para las cuales se encuentra habilitado.
El documento señala además que la autoridad marítima promoverá de oficio las denuncias penales e instruirá los sumarios administrativos correspondientes frente a cualquier incumplimiento. También asegura que se encuentran plenamente garantizadas las condiciones de seguridad para el traslado, embarque y desembarque de los prácticos.
La intimación advierte que toda acción u omisión destinada a interrumpir el servicio público podría encuadrarse en los delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte previstos en el Código Penal. En particular, cita el artículo 190, que establece penas de dos a ocho años de prisión para quien ejecute actos que pongan en peligro la seguridad de una nave.
La disputa abre un nuevo frente para la estrategia desreguladora del Gobierno. Mientras el Poder Ejecutivo sostiene que la reforma permitirá bajar costos logísticos, aumentar la competencia y hacer más eficiente el comercio exterior, los profesionales alcanzados por la medida respondieron con un boicot operativo que busca impedir su aplicación y que ya comenzó a repercutir sobre la actividad de los puertos argentinos.