En un clima de fuerte tensión entre las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei, este martes se realiza la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria, impulsada por docentes, estudiantes y autoridades de todo el país, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el envío de partidas clave a los hospitales universitarios.
La movilización, que tiene como epicentro la Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires, cobra fuerza bajo el impacto de una fuga de personal académico y un ahogo presupuestario significativo que busca ser retrotraído por las universidades a través de la legislación ratificada en dos ocasiones el año pasado y judicializada hasta la actualidad.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en 2024 pero vetada por el oficialismo ese mismo año con el apoyo de aliados circunstanciales. Al año próximo volvió a aprobarse en ambas cámaras y vetada por el Poder Ejecutivo, aunque esta vez el bloque de La Libertad Avanza lo logró conseguir el tercio de alguno de los dos recintos para poder abroquelar ese rechazo. En la formalización del Presupuesto 2026, el Gobierno limitó los artículos centrales de la normativa universitaria y eso fue respondido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con una medida cautelar para que esto no tuviera efecto.
El camino judicial es largo, pero al día de hoy tiene dos instancias bien definidas:
- Hay un Recurso Extraordinario Federal (REF) que llegó a la Corte Suprema la semana pasada que contempla las justificaciones del Gobierno para inhabilitar la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 por considerar que provocan un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.
- En paralelo, la Cámara Contencioso Administrativa Federal tiene en sus salas un incidente de ejecución de sentencia promovido por el CIN. De ser convalidado, permitirá que el Ejecutivo deba empezar a transferir los fondos a las casas de estudio. El argumento utilizado por los rectores universitarios es que el fallo de la Cámara confirmatoria de la primera instancia habilita a que no se suspenda la ejecución pese al REF presentado por el Poder Ejecutivo (algo que está contemplado en el artículo 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
De ambos procedimientos judiciales, lo más importante es lo que decidan los ministros de la Corte ya que eso determinará el resultado final de todo este episodio. Hasta que esto no se decida, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario permanece suspendida y el Poder Ejecutivo no tiene obligación de realizar erogaciones presupuestarias.
“Cada día que gana el Gobierno en este tema es oro”, afirman en la Casa Rosada. Quienes conocen de política judicial creen que la filosofía que tomarán los cortesanos es el habitual “la ansiedad es problema de otros”. Los supremos pueden tardar una semana, un mes o la cantidad de años que consideren necesario.
El Gobierno tiene la lectura de que el Máximo Tribunal no tratará la cuestión de fondo y se limitará a rechazar el caso sin necesidad de justificar ni argumentar. Esto se puede hacer a través de la invocación al artículo 280 del CPCCN, que indica que “la Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. Esto deja firme la decisión de la segunda instancia, la cual fue favorable para las universidades. Es el mismo instrumento que utilizaron para el caso de la condena de Cristina Kirchner por la Causa Vialidad.
Pero en la Corte no tienen un apuro por decidir sobre esta cuestión. Saben que un fallo negativo repercutirá en las cuentas fiscales y es muy probable que a modo de compensación no tengan apuro en tratar el tema. “La Corte tiene cerca de 60.000 causas y problemas de la Coparticipación de 19 provincias. La urgencia es relativa. Hay casos de personas que pueden morirse con la demora de un fallo, por lo cual no todo indica que con las universidades se vaya a fallar en el corto plazo”, afirma una fuente judicial, que cree que los rectores cometieron “un error gravísimo” al invocar el incidente de ejecución para que los fondos se ejecuten cuanto antes.
“Esta estrategia se hizo famosa por una famosa empresa llamada Tabacalera Sarandí. Su dueño, Pablo Otero, pretendía no pagar el impuesto a los cigarrillos hasta que la Corte decidiera sobre la cuestión general. Lo logró, pero luego con el paso del tiempo perdió por la decisión contraria de la Corte. No digo que sean ejemplos iguales, pero la estrategia sí”, afirma otra fuente tribunalicia.
El Ejecutivo formalizó el recorte de $78.768 millones la víspera de la marcha a través de la Decisión Administrativa 20/2026, con un fuerte impacto sobre el Plan Nacional de Alfabetización, las becas y la infraestructura universitaria. Pero el ajuste fue realizado de manera casi transversal a casi todos los ministerios: según cifras hechas por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el gasto total disminuyó en $ 2,43 billones.
Se trata de un número sospechosamente parecido al $ 2,5 billones que desde la Casa Rosada habían dejado trascender semanas atrás que les iba a salir ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Será que se están preparando para una eventual fallo adverso?
El trasfondo del recorte universitario
El deterioro presupuestario es de magnitud inédita: solo entre enero de 2024 y abril de 2026, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA sufrió la renuncia de 438 docentes e investigadores, lo que equivale a la baja de un profesor cada dos días, mientras que la Facultad de Ingeniería registró 342 dimisiones desde 2023 y Agronomía, más de 100 entre 2024 y 2025, de acuerdo con cifras del área de Hacienda de la universidad.
En términos salariales, el mayor cargo docente —titular con dedicación exclusiva— percibe $1.582.283,34 pesos, apenas $150.000 por encima de la canasta básica para una familia de cuatro integrantes, que ronda los $1.434.464, cifra que excluye la vivienda en alquiler. El resto del escalafón docente está por debajo de ese umbral, afectando a casi el 70% que tiene cargos de dedicación simple. Estas cifras fueron expuestas por Matías Ruiz en diálogo con Infobae, y recogen la profundidad de la crisis actual.
Según el Centro de Estudios de Política Económica (CEPA), el recorte acumulado del programa de Desarrollo de la Educación Superior fue del 32,5% entre 2023 y 2025, pero la proyección a diciembre de 2026 eleva esa cifra al 41,6%. Si se hubiera aplicado la ley sancionada por el Congreso, el presupuesto sería de $8,49 billones, pero bajo la política vigente es de apenas $5,51 billones, es decir, una diferencia real negativa del 35,1%. Esta ley busca garantizar la actualización automática de partidas por inflación y el refuerzo de fondos para infraestructura y hospitales.
La crítica situación afecta de modo directo a los hospitales universitarios, nodos fundamentales tanto para la formación de residentes médicos como para la atención de la comunidad: el Hospital de Clínicas, dependiente de la UBA y con un promedio de mil pacientes diarios, y otros centros como el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, declararon recientemente que podrían sostener su funcionamiento solo durante 45 días más si no se reciben transferencias. En total, el sistema de hospitales de la UBA atiende a 700.000 personas al año.
La fuga de profesionales impacta de lleno en la capacidad de las universidades públicas para sostener el estándar académico. De la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA se fueron 103 docentes entre 2024 y 2026, lo que representa una reducción de casi el 20% de su planta. Las dos escuelas preuniversitarias más concurridas de la UBA —el Carlos Pellegrini y el Nacional de Buenos Aires— perdieron 227 trabajadores en ese lapso.
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, precisó a Infobae al Amanecer que la universidad enfrenta “una situación dramática” y advirtió: “Podemos seguir trabajando unos meses más, no años”. Gelpi detalló que “los salarios de nuestros docentes y no docentes han perdido entre un 30% y un 40%”, y subrayó la reducción de gastos de funcionamiento y el rezago en actualizaciones por inflación, lo que deja en el límite a toda la estructura universitaria.
Según Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, el fenómeno se traduce en la cesantía de profesores de alta jerarquía y en jornadas laborales extendidas, con docentes y no docentes asumiendo múltiples empleos para subsistir: “Muchos volvieron al nivel secundario o primario, y otros tienen cada vez más empleos. Los no docentes llegan a jornadas de doce o más horas, lo que genera graves problemas de salud mental”, indicó Arias a Infobae.
La reducción de planteles afecta tanto la docencia como la investigación, ya que los proyectos sufren recortes constantes en su financiación. En Filosofía y Letras, según su decano Ricardo Manetti, la jubilación anticipada se volvió un recurso ante la falta de señales de recuperación: “Estamos perdiendo figuras muy valiosas. Mujeres se retiran a los 60, varones a los 65, cuando antes seguían hasta los 70 años”.
Desde el Gobierno, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez definieron la movilización como “completamente política”, una visión sostenida en diálogo con varios medios, incluido La Nación. Álvarez afirmó que “la única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, en respuesta al reclamo de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El 95% de la partida para hospitales universitarios es reclamada actualmente por la UBA, de acuerdo con Pettovello y Álvarez. Los funcionarios anunciaron la creación de una comisión para “rediseñar el criterio de reparto” con participación de todas las universidades que cuentan con hospitales. Sostienen que, hasta ahora, la distribución fue arbitraria y beneficiaba especialmente a la UBA, en perjuicio de otras casas de estudio del interior.
Respecto de los atrasos en transferencias, Álvarez indicó que los fondos para funcionamiento de hospitales universitarios —$150.388.873— fueron depositados en abril, aunque la mayor parte del refuerzo, cercana a los 80 mil millones de pesos, continúa sin ejecutarse.
A pesar de la defensa oficial, la protesta es protagonizada no solo por los claustros universitarios sino por una amplia franja de la sociedad. “Más del 59% de los ingresantes a la UBA en 2026 son la primera generación universitaria en sus familias”, y el 57,6% de los graduados en 2024 también accedieron por primera vez a ese nivel. Este carácter de movilidad social ascendente es una de las banderas de la universidad pública argentina.