El Sindicato de Camioneros se declaró en estado de alerta y comenzará con asambleas de trabajadores en las empresas de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires ante la posibilidad de que el nuevo pliego del servicio para el período 2028-2038 no figure el pago de las indemnizaciones por el recambio de las concesiones.
Así lo anunció Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, en un video publicado en las redes sociales de Camioneros, en el que dijo que, a partir de lo publicado en Infobae, “estaría afuera” el pago de las indemnizaciones, al que calificó como “una conquista que ha logrado el compañero Hugo Moyano en los años 80 y que todos los años donde hay una nueva licitación contempla” el resarcimiento económico a 6 mil empleados del sector.
Por eso el sindicalista dijo que este lunes él y el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, empezarán a hacer asambleas en todas las empresas de la actividad de la recolección en Capital Federal para garantizar y comprometer a los legisladores y el gobierno de la ciudad, que sabemos que es un gobierno anti-obrero, anti-trabajador, para que el año que viene, cuando se llame a licitación, se paguen las indemnizaciones de todos los trabajadores de la recolección de residuos».
“Comenzamos con las asambleas, con las demoras, con todo lo que nosotros sabemos hacer”, advirtió el hijo mayor del líder de Camioneros, que puntualizó: “Hoy somos más de 7 mil trabajadores que estamos esperando el pago de las indemnizaciones. (Hay) Trabajadores que dieron su vida en la pandemia, muchos que lamentablemente fallecieron -agregó-. Y por ese reconocimiento y memoria de esos trabajadores que han fallecido vamos a hacer lo imposible y todo lo que esté en alcance para que se pague ese logro histórico que se viene cobrando desde hace más de 30 años”.
El reclamo del dirigente sindical está vinculado con la llama Ley Moyano, que no es una norma aprobada ni tiene fundamento jurídico sino la práctica mediante el cual el Sindicato de Camioneros logró, desde 1998, que los trabajadores fueran despedidos, indemnizados y reincorporados cuando cambiaba una concesión de servicios o la propiedad de una compañía.
Ahora, como anticipó Infobae, el gobierno encabezado por Jorge Macri, no prevé incluir las indemnizaciones para los 6 mil trabajadores de recolección de residuos en los nuevos pliegos de la licitación que definirán las concesiones entre 2028 y 2038. La omisión reabre el conflicto con Camioneros por un reclamo que podría costar alrededor de 200 millones de dólares.
La discusión comenzará el lunes 5 de octubre en una audiencia pública virtual, donde se analizarán los anteproyectos para el servicio público de higiene urbana de la ciudad y los Moyano están decididos a iniciar protestas si las cláusulas no prevén las indemnizaciones cuando venza el actual esquema contractual.
La tensión incluye el presupuesto porteño de 2027, que el jefe de Gobierno presentará ante la Legislatura de la ciudad. Camioneros teme que tampoco incorpore las partidas necesarias para resarcir a los trabajadores, aunque, como es habitual, desde septiembre de 2028 conservarán sus empleos en las empresas actuales o en las adjudicatarias de la nueva licitación durante 10 años.
En el pliego vigente, prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2028, en el rubro Régimen de Personal Operativo está contemplado el ítem “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.
El origen de la Ley Moyano fue la finalización del contrato de Manliba en 1998 y adquirió fuerza durante la gestión porteña de Mauricio Macri: en 2012, la Legislatura aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores cada vez que cambiara una concesión.
Esa “ley” también se aplicó ante nuevas licitaciones de recolección de basura en Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de la Cervecería Quilmes y en filiales argentinas de DHL y FedEx. La semana pasada, el sindicato de los Moyano firmó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con el pago de indemnizaciones incluido.
El precedente alcanzó al supermercado Walmart cuando el Grupo Narváez lo compró en marzo de 2021. Camioneros bloqueó un depósito para exigir la aplicación de la Ley Moyano con el despido de 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, el pago de la doble indemnización vigente y su posterior reincorporación.
Finalmente, la indemnización no se concretó, pero 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria de 227.576.922 millones de pesos. El conflicto expuso hasta dónde podía llegar el sindicato para sostener la aplicación de ese esquema en operaciones empresariales.
La misma presión de Camioneros apareció en 2022 cuando Horacio Rodríguez Larreta decidió estatizar el sistema de grúas porteño y Pablo Moyano acusó al entonces jefe de Gobierno de intentar precarizar los salarios de 500 trabajadores de grúas y remolques y de excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.
Tras negociaciones, el acuerdo alcanzado entre ambas partes permitió que los empleados de Dakota y BRD pasaran a depender de SBASE, empresa estatal de la Ciudad: mantuvieron el convenio de Camioneros y cada uno cobró hasta 4 millones de pesos de indemnización, por un total de 2.000 millones de pesos.
La administración de Jorge Macri heredó ese antecedente de sus predecesores del PRO. En mayo de 2024, Pablo Moyano amenazó con que la ciudad se llenaría de basura desde octubre si no se indemnizaba a los 6 mil trabajadores ante el siguiente vencimiento contractual.
El gobierno porteño sostuvo que los contratos habían sido firmados en enero de 2014, habían comenzado el 1° de octubre de ese año y tenían una vigencia original de una década, pero advirtió que en 2020 las partes prorrogaron los contratos por cuatro años adicionales, hasta 2028.
Luego de las amenazas sindicales y del clima de tensión, Hugo Moyano y el gobierno porteño acordaron en octubre de 2024 no aplicar el pago reclamado. A cambio, el gremio obtuvo compensaciones para empleados próximos a jubilarse y para quienes sufrían problemas de salud desde la pandemia y no podían cumplir sus tareas.
El entendimiento, de todas formas, provocó asambleas tumultuosas en empresas de recolección de residuos de la Ciudad. En la compañía Cliba, por ejemplo, trabajadores cuestionaron a Pablo Moyano y reclamaron garantías de que cobrarían una compensación en 2028.
“¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron empleados a un delegado durante una asamblea espontánea. Otro trabajador llamó “Pablito traidor” al dirigente sindical ante una cámara.
La reacción de las bases llevó a Marcelo Aparicio, número tres de Camioneros, a difundir un video explicativo. El dirigente definió como un “privilegio” la aplicación del mecanismo a los recolectores porteños y admitió que ese beneficio “no existe en la ley”, aunque permitió cobrar indemnizaciones y preservar la antigüedad laboral.