El Gobierno reúne este martes en la Casa Rosada a su mesa política para cerrar los cambios finales del proyecto de Ley de Propiedad Privada y ordenar la agenda legislativa del semestre, con la venta de tierras rurales a extranjeros como punto más sensible antes del nuevo tratamiento de la iniciativa este jueves en el Senado.
El acuerdo que el oficialismo busca sellar con fuerzas aliadas y gobernadores dialoguistas eleva del 15% al 25% el límite para la venta de tierras, en un giro respecto de la redacción original, que procuraba eliminar casi por completo las restricciones a la compra por parte de extranjeros. El texto ya suma 16 borradores.
La reunión en Balcarce 50 está encabezada por Karina Milei. Participan el jefe de Gabinete Diego Santilli, su segundo Ignacio Devitt, el asesor Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo, la jefa libertaria en el Senado Patricia Bullrich, el jefe de la Cámara de Diputados Martín Menem, el secretario de Comunicación Fabián Fernández y el subsecretario de Gestión Institucional Lule Menem.
La definición central pasa por el capítulo que impacta en la ley de Tierras. El nuevo borrador mantendría un tope superior al vigente, fijado hoy en el 15% por el artículo 8 de la Ley 26.737, y lo establecería en 25% “por provincia”, con autorización del Poder Ejecutivo nacional y del gobierno provincial correspondiente.
El nuevo borrador refuerza la intervención de la Nación y de las provincias
La modificación también incorpora una prohibición para que compren tierras personas jurídicas con participación estatal extranjera directa o indirecta. Solo podría haber una excepción con autorización expresa de la provincia y de la Nación.
El texto agrega además un límite sobre quién puede conceder esa autorización. Esa facultad no podrá delegarse en un funcionario con rango inferior al de secretario de Estado.
Para este martes por la tarde está prevista una conferencia de prensa de Patricia Bullrich en la Cámara Alta, donde expondrá las modificaciones de una iniciativa que fue corregida en 16 oportunidades. La senadora había empujado esos cambios frente a la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, autor de la redacción original.
La estrategia de Bullrich terminó por imponerse sobre la del ministro, que se había resistido a las incorporaciones vinculadas con la potestad de las provincias. El antecedente inmediato fue el cuarto intermedio del 16 de julio, cuando el oficialismo postergó el tratamiento en el recinto por esos reparos.
Ese movimiento respondió a una pregunta central del debate: qué cambiará en la ley de Tierras. La respuesta es que el oficialismo dejó de lado su intento de desregular casi por completo la venta a extranjeros y avanzó hacia un esquema con un límite más alto que el actual, pero sujeto a aprobación nacional y provincial y con restricciones específicas para actores con participación estatal extranjera.
La Casa Rosada ordena además la reforma del Banco Central y el resto del cronograma
La mesa política no solo discutirá la ley de Propiedad Privada. El Ejecutivo debe definir también los tiempos para otras iniciativas que buscará empujar este mes, entre ellas la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que el oficialismo considera el proyecto principal del semestre.
La hoja de ruta incluye además la reforma política para suspender las PASO, los proyectos de Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y el paquete económico que acompañará los cambios en el BCRA. En paralelo, Martín Menem convocó este martes a las 15 a los jefes de bloque aliados para diseñar un cronograma de trabajo conjunto.
El miércoles comenzará a discutirse la reforma del BCRA en un plenario de comisiones. Esa secuencia legislativa se cruzará con el viaje del presidente Javier Milei a Ecuador y Colombia entre este miércoles y el viernes.
Durante esa ausencia, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo y, por ese motivo, no presidiría la sesión del Senado sobre la ley de Propiedad Privada. Para ese mismo día se espera una movilización en las afueras del Congreso y en otros puntos del país, convocada por la oposición más dura junto con organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos y sindicales.