Un grupo de estudiantes universitarios ingresó ayer al Palacio Pizzurno para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y fue desalojado horas después por fuerzas de seguridad. La protesta ocurrió un día después de que la Justicia ordenara al Gobierno reglamentar de inmediato aquella normativa y a una semana de la 5.ª Marcha Federal Universitaria. Esta se producirá el mismo día que la convocatoria opositora a la sesión para aprobar los proyectos de Discapacidad, de Morosidad y la derogación del DNU 70/2023 que contiene la derogación de la Ley de Tierras.
El Gobierno salió a calificar la protesta de ayer en la sede de la Secretaría de Educación como una “protesta de carácter político”. “Queremos resaltar que quienes la llevaron a cabo son dirigentes opositores. Fue una primera demostración de lo que pueden hacer el próximo miércoles en la calle, que seguro van a querer desestabilizar”, afirmó un funcionario de la cartera educativa nacional a Infobae.
El Ministerio de Capital Humano denunciará el episodio ocurrido ayer por la tarde en los juzgados federales. Acusan de que el principal espacio que participó ayer de la protesta es el perteneciente al diputado nacional Juan Grabois. El presidente Javier Milei salió a confrontar en su cuenta de X contra el diputado nacional Itai Hagman, a quien las cámaras televisivas captaron afuera del edificio al momento del episodio. “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”, justificó en sus redes. En la Secretaría de Educación aseguran que identificaron a integrantes de ATE y de la Conadu.
La sentada comenzó frente al edificio de Pizzurno 935, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, y luego derivó en el ingreso al hall. Un video difundido en redes sociales mostró a decenas de jóvenes que atravesaron la entrada pese a la resistencia de agentes de la Policía Federal Argentina. “Vamos a hacer una sentada pacífica”, se escuchó al comienzo de la medida. Participaron estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín.
Los manifestantes también reclamaron una actualización de la Beca Progresar y convocaron a la comunidad a concentrarse frente al Palacio. Habían anticipado que permanecerían en el lugar hasta ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Aunque aquello podría haberse producido, la orden que impartió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue la de no negociar. Quien ejecutó la orden fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
“Si lo querían hacer, lo podían hacer por mesa de entradas. No vamos a considerar ningún reclamo en particular”, afirmó una fuente inobjetable de Capital Humano. Otro vocero oficial añadió: “Fue una demostración eminentemente política que presagia lo que puede ser la semana que viene. Ellos quieren que esto sea París”. La capital francesa es escenario de múltiples manifestaciones de estudiantes secundarios que intentan presionar al Gobierno para conseguir mejores condiciones de estudio.
La lectura que se pudo recabar del diálogo con tres fuentes directas de la cartera educativa es la siguiente. Consideran que la marcha de la próxima semana seguramente reunirá a decenas de miles de personas, pero que no tendrá la convocatoria que hubo en años anteriores. “Tanto a los rectores como las agrupaciones universitarias les cuesta más conseguir masa de gente que se movilice. Por eso tienen que reunir causas como Discapacidad y lo de la Ley de Tierras para agrupar más personas. Eso mismo le pasa a la CGT”, opinó una fuente de primerísima línea a Infobae.
Justifican ese análisis al decir que una de las condiciones que se les impuso a los rectores de las universidades con mayor cantidad de alumnos fue que las facultades estuvieran abiertas durante el desarrollo de la movilización. “Van a tener que tener clase o al menos la mayor cantidad que se pueda. Que propicien la marcha si quieren, pero si no cumplen la plata no va a estar”, agregan.
El reclamo se produjo después de que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.° 11, declarara inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025. Esa disposición había subordinado la vigencia de la ley a que el Congreso determinara sus fuentes de financiamiento.
Cormick ordenó al Gobierno dictar las medidas reglamentarias necesarias para implementar la norma de manera inmediata. El magistrado consideró que el mecanismo incluido por el Ejecutivo equivalía a un veto encubierto, una herramienta que no está contemplada por la Constitución.
El conflicto comenzó en agosto de 2025, cuando el Congreso aprobó la ley 27.795, destinada a garantizar el financiamiento de la educación superior. El presidente Javier Milei la vetó, pero ambas cámaras rechazaron esa decisión con la mayoría de dos tercios exigida por la Constitución y forzaron su promulgación.
Al promulgarla, el Gobierno incorporó una salvedad que suspendió en los hechos su aplicación al exigir que el Poder Legislativo identificara los recursos para financiarla. La resolución judicial anuló ese condicionamiento.
Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicó que la iniciativa nació como una sentada en el exterior del Palacio y derivó en el ingreso “en busca de respuestas”. “Ya llevamos más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir”, sostuvo González Puente.
Desde el interior del edificio, Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, vinculó la protesta con las movilizaciones previas, las clases públicas, los cortes de calles y los petitorios presentados por la comunidad universitaria. “Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde”, afirmó.