En una transmisión de Infobae en vivo, el equipo accedió a información exclusiva sobre el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), acusado de liderar una asociación ilícita que desviaba fondos destinados a personas con discapacidad. La investigación judicial, según destacó el staff, se apoya en pruebas documentales y testimoniales que describen un mecanismo aceitado de retornos, sobreprecios y direccionamiento de compras.
En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevic, se desmenuzaron las maniobras a partir de los detalles consignados en el procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello. Iglesias explicó: “Fueron procesados no solamente Diego Spagnuolo, el titular de ANDIS, sino otras 18 personas, entre ellas exfuncionarios, empresarios y hasta familiares de estos últimos”. La resolución judicial distingue responsabilidades: “Casanello establece diferencias claras de acuerdo al rol, si era público o privado”.
El sistema de retornos y direccionamiento de compras en la Agencia Nacional de Discapacidad
La estructura delictiva, según la causa, estaba orientada al enriquecimiento personal mediante la manipulación de fondos públicos. “Estas 19 personas participaban activamente de una asociación ilícita. ¿Cuál era el fin? Enriquecerse. ¿Cómo? Utilizando los fondos que estaban destinados a las personas con discapacidad más vulnerables dentro de la ANDIS”, puntualizó Iglesias.
El mecanismo central consistía en el direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo conocidos como PACBIN. El juez resaltó: “Hay manipulación clara y está probada de compras de medicamentos de alto costo”, lo que permitía beneficiar a un grupo selecto de droguerías. Iglesias enumeró: “Las cuatro droguerías beneficiadas eran Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.”. Estas empresas accedían a contratos millonarios con precios notablemente superiores a los del mercado. “Casanello comprobó sobreprecios generalizados, con diferencias que llegaron al 838% en algunas operaciones”, subrayó el periodista.
El procedimiento utilizado para eludir los controles estatales era sofisticado. “Utilizaban el sistema SIPFIS, pero hacían compulsas especiales con actores privados que estaban afuera de ANDIS, aunque les daban usuarios para acceder al sistema”, relató Iglesias. Así, personas ajenas a la estructura estatal podían “decidir” qué proveedor resultaba adjudicado.
Códigos, alias y blanqueo: las claves del circuito interno
El avance de la investigación reveló el uso de nombres en clave entre los involucrados. Omar Lavieri aportó: “¿Sabés cómo se llamaba Calvete en los mensajes? Carmela Vivaldi. ¿Sabés cómo se llamaba Spagnuolo? Coroa Uno”. La operatoria incluía el reemplazo de teléfonos y el intento de borrar rastros, aunque los investigadores lograron recuperar conversaciones incriminatorias. “En cada conversación aparecía un delito”, aseguró Lavieri.
La causa se inició a partir de una filtración de audios en la que se mencionaba incluso a Karina Milei, hermana del presidente. “La defensa intentó desestimar los audios diciendo que podían haber sido armados por inteligencia artificial, por una conspiración mundial, pero todo fue superado por la investigación”, afirmó Lavieri. El expediente sumó pruebas documentales y electrónicas que ratificaron el funcionamiento del sistema.
Un testimonio clave fue el de Luis Chela, presidente de la droguería Prevent, quien presentó correos electrónicos ante la Justicia en los que alertaba: “Spagnuolo, acá hay un choreo”. Además, el procesamiento menciona alias como “El Pelado” (Spagnuolo), “Caputito” (presuntamente Santiago Caputo), “El Helvético” (vinculado a una droguería suiza) y “Rioja” (relacionado con alguien de La Rioja).
El alcance económico y la nueva etapa judicial
El embargo dictado sobre Spagnuolo ilustra la magnitud del desfalco: “Son $202.000 millones, el equivalente a unos USD 139 millones al valor actual”, especificó Lavieri. El procesamiento, de más de trescientas páginas, cierra la “etapa uno” del caso, pero anticipa una nueva ola de indagatorias. “Se viene una andanada de indagatorias porque se van a agregar más procesados seguramente”, anticipó el analista judicial.
El juez ordenó la intervención de las droguerías implicadas y dispuso que el ministro de Salud designe interventores. La investigación, a cargo del fiscal Franco Picardi, seguirá profundizándose sobre la estructura de corrupción y sus ramificaciones.
El caso ANDIS, según resumió el programa, deja en evidencia la sofisticación de los mecanismos de desvío de fondos públicos y plantea un interrogante político de fondo: “¿Milei podía desconocer este entramado que ahora la justicia está desvelando?”, planteó Aziz al cierre del segmento.
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