Presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la urbanización del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, ex villa 1-11-14. Esta iniciativa, surgida de un largo trabajo conjunto entre vecinos, vecinas, organizaciones e instituciones barriales junto a la parroquia Madre del Pueblo -que a través de su párroco Martín Durán Christian formalizó la presentación del proyecto- fue tomada como propia e impulsada por la legisladora y arquitecta Bárbara Rossen.
“Es un proyecto de los vecinos y para los vecinos, que impacta positivamente y mejora las condiciones de vida de los habitantes del barrio, del entorno inmediato, como así también de toda la Ciudad, dado que contribuye también a una mayor seguridad para los habitantes del barrio y sus alrededores”, explicó Rossen.
En diálogo con Infobae, el párroco señaló que “es una deuda histórica del barrio” y que en esta oportunidad se llevaron a cabo reuniones con los vecinos para tener sugerencias que se puedan aplicar a esta iniciativa. “El mismo proyecto que estaba formulado, se le fueron haciendo algunos cambios”, aclaró.
Un detalle no menor es que esta zona está comprendida por la ex Villa 1-11-14 y otros sectores que lo transformaron en uno de los barrios de emergencia más grandes que hay en la ciudad. Es más, según un censo de 2018 realizado por el gobierno porteño, viven más de 12 mil familias en apenas 4 mil viviendas. Sin embargo, el párroco de la Iglesia Madre del Pueblo señaló que en la actualidad manejan cifras superiores: “Tenemos que actualizar los datos a través de otras fuentes de información”.
El barrio comprende la zona que está delimitada por las avenidas Varela, límite del Club Daom, Coronel Esteban Bonorino, Riestra, Presidente Torres y Tenorio, las calles José Barros Pazos, Agustín de Vedia, Coronel Martiniano Chilavert, deslinde entre la parcela 20 y la Fracción A con la Fracción 34 c de la Manzana 2T Sección 44 y las avenidas Gral. Francisco Fernández de la Cruz y Perito Moreno.
El nombre del padre Rodolfo Ricciardelli no es menor, ya que se trata de un cura que misionó entre los más pobres de esa zona desde el año 1968 y luego fue designado párroco de la iglesia “Santa María Madre del Pueblo”, la primera fundada en una villa de emergencia por Monseñor Jorge Vernazza.
Justamente, Durán Christian explicó que decidieron presentarlo este 13 de julio, ya que es la fecha en la que falleció el cura. Se trató de un clérigo que eligió esa comunidad para vivir y se comprometió con sus causas reivindicativas de dignidad y justicia desde el 1 de abril de 1999, cuando por entonces integraba el Equipo Pastoral en las villas de emergencia. Junto a Vernazza y un grupo que los ayudaba, formaron la cooperativa de viviendas “Madre del Pueblo” con la que asistieron a la construcción de varios barrios en el gran Buenos Aires, posibilitando el acceso a una vivienda digna a muchas familias.
Cuando murió, el entonces Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio —después Papa Francisco— presidió la misa exequial. El féretro fue trasladado a pie hasta el cementerio y sus amigos, compañeros y vecinos el 13 de julio de 2010 lo exhumaron para depositarlo en el templo desde donde realizó su servicio pastoral.
Según pudo saber este medio, la intención es realizar un plan de integración socio-urbana con la creación de viviendas nuevas, mejorar las casas que ya están construidas y fortalecer la infraestructura como los equipamientos.
El proyecto, que estaría a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), incluye el diagnóstico, diseño y obras de infraestructura básica como agua, luz, cloacas y pluviales para las soluciones habitacionales definitivas. Para llevarlo adelante se conformarán una Mesa Técnica de Suelo y Hábitat y una Mesa de Gestión Participativa (MGP), dos órganos fundamentales que funcionarán en el barrio para que cada obra y norma urbanística se decida de manera consensuada.
“Construir vivienda es una obligación del Estado y un derecho constitucional para todos los habitantes de la Ciudad. Las soluciones sostenibles tienen que incluir a todos y para eso hay que tener en cuenta las distintas necesidades”, aseguró la legisladora y agregó: “Así como presenté diferentes proyectos atendiendo a las demandas de los vecinos de barrios como Floresta, Flores, Coghlan, Villa Urquiza, Colegiales, Palermo y Devoto, con necesidades de reformas al código urbanístico, la incorporación de espacios públicos o de protección patrimonial, hoy impulsamos este proyecto en el Bajo Flores, donde se brindarán créditos para que cada familia también pueda acceder a su vivienda”.
Entre las soluciones habitacionales definitivas se contemplarán viviendas nuevas dentro del mismo barrio o créditos de compra, computando el valor de su vivienda actual como aporte económico. Todo el plan se complementa con un fuerte esquema de regularización dominial para facilitar el acceso a la primera escritura y la gestión de tarifas sociales con reducciones graduales, además de plazos de gracia para amortiguar el impacto en cada hogar, respaldado por partidas específicas en el presupuesto anual de la Ciudad.
“Las ciudades más ricas, más saludables y más justas invierten en políticas de vivienda, infraestructura y espacios públicos. El rol y desafío del Estado es regular las tensiones propias entre la demanda de mercado y la de quienes viven en la Ciudad. En una Ciudad justa nadie debe quedar afuera”, completó Rossen.
En tanto, durante su discurso en la última sesión en la Legislatura porteña, sostuvo: “No hay política de vivienda. Construir viviendas es obligación del Estado y es un derecho constitucional. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es la política? ¿Qué están pensando hacer para resolver la situación angustiante de los inquilinos? No alcanza con empapelar una ciudad de cielo que somos la ciudad más linda del mundo. Tenemos que ser una ciudad más justa del mundo y estamos cada vez más lejos“.
El proyecto establece que las obras de infraestructura deberán planificarse con un horizonte de veinte años, contemplando estudios demográficos y proyecciones poblacionales. La iniciativa prohíbe expresamente los desalojos forzosos y establece que cualquier relocalización debe ser adecuada y consensuada. Además, fija un cupo mínimo del 30% de trabajadores y trabajadoras residentes del barrio para las obras que se emprendan, como mecanismo de promoción del empleo local.
En materia de soluciones habitacionales, la iniciativa define que toda solución será única y definitiva, y deberá cumplir condiciones mínimas: servicios de infraestructura sanitaria y eléctrica en funcionamiento, dimensiones acordes a la cantidad de ocupantes, condiciones adecuadas de iluminación y ventilación, y tenencia segura del inmueble. Las modalidades contempladas incluyen la adjudicación de viviendas nuevas dentro o en las inmediaciones del barrio, el mejoramiento de la vivienda existente, créditos para la compra fuera del barrio y permutas entre titulares de derecho. La normativa excluye expresamente la locación o las transferencias monetarias como soluciones válidas, salvo en el caso específico de los créditos de compra.
El proyecto incorpora también criterios ambientales: todas las obras del Proyecto Integral de Reurbanización (PIRU) deberán contar con el Certificado de Aptitud Ambiental conforme a la Ley N° 123 de la Ciudad. Asimismo, promueve la futura vinculación del barrio con la estación fluvial del Riachuelo a través de las avenidas Bonorino y Varela, como parte de las estrategias de integración urbana y turística de la zona, una vez que las condiciones ambientales del curso de agua lo permitan. El IVC quedará obligado a remitir un informe anual a la Legislatura sobre el avance del proceso, con rendiciones de cuentas trimestrales en el marco de la MGP.
Para determinar quiénes serán los beneficiarios del proceso, la autoridad de aplicación deberá cruzar la información del censo de 2018 con el Registro de Inquilinos No Censados y datos provenientes de organismos educativos, centros de salud, programas sociales y otras bases de datos públicas vinculadas a la residencia efectiva en el barrio. El IVC tendrá derecho de preferencia en caso de que algún grupo familiar exprese su voluntad de vender la vivienda adjudicada, y deberá destinar las unidades adquiridas a familias del barrio registradas.