El Gobierno por ahora no encuentra solución a su intención de modificar la ley electoral. No cuenta con los votos necesarios en el Senado de la Nación ni con el apoyo interno suficiente para defender con ahínco los cambios propuestos.
El eje principal de la discusión es la continuidad o no de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Ejecutivo las quiere eliminar con el argumento del costo, pero en la oposición miran de reojo y esperan. En el marco de las negociaciones, a un sector de quienes habitan en Balcarce 50 se les ocurrió que una moneda de cambio para los gobernadores sería la posibilidad de habilitar una lista colectora por distrito, algo que históricamente fue criticado por los mismos sectores que hoy la impulsan.
El otro conflicto que enfrenta el oficialismo es que algunos de los propios tampoco creen que sea una solución. La propia Patricia Bullrich reconoció que las colectoras eran “un retroceso” y que no le “gustan”. Unas horas más tarde revisó esas afirmaciones y las matizó al señalar que, aunque no le gusten, “no encontramos un sistema mejor”.
“Hay diferentes opciones sobre la mesa, que van desde eliminar las PASO, que no sean obligatorias ni tampoco cerradas para los afiliados de los partidos y que cuenten con un financiamiento del Estado que se vaya diluyendo con el tiempo, y las colectoras”, reconoció esta semana a la salida de la reunión de Labor Parlamentaria para la sesión prevista para el 16 de julio.
El problema con el que se encuentra La Libertad Avanza es que, descontado que no contaba con el apoyo del peronismo, sus aliados de la UCR y el PRO, así como los partidos provinciales, tampoco se muestran muy interesados.
“Van a poner a jugar candidatos en todas las provincias y quieren que los gobernadores les solucionen los problemas”, dijo un senador de la oposición. “Parece poco probable que puedan tener una resolución en el corto plazo”, agregó.
Ese es el clima que reina en el Senado de la Nación, donde la prioridad del Ejecutivo es avanzar con la aprobación de zonas frías. Por eso, todo lo que el oficialismo tiene para llevar a la mesa de negociación lo está poniendo en ese proyecto, que es del cual tiene pensado sacar los 300.000 millones de pesos para financiar la ley de presupuestos universitarios.
A ese conflicto se suman gobernadores que ya avisan que no prestarán sus votos para la habilitación de colectoras. Esta semana, en el marco de los actos por el Día de la Independencia, el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo le hizo saber al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que no está de acuerdo con esa figura electoral. La negativa se suma a la de otros mandatarios como Hugo Passalacqua (Misiones) e Ignacio Torres (Chubut).
En los despachos de los aliados en el Senado el tema pierde preeminencia. Lo que ayer era un eje central de la discusión hoy cedió relevancia. Muchos le recuerdan al oficialismo que el acuerdo inicial establecía que todo cambio referido al modelo electoral debía cerrarse antes de que terminara el primer semestre. Ahora, advierten, el Gobierno deberá esperar hasta el último trimestre del año para una decisión al respecto. Lo que los bloques aliados les comunican a los emisarios del oficialismo implica que es poco probable que para finales de noviembre, en pleno debate del Presupuesto 2027, se encuentre una resolución. El punto a considerar es que la ley que envíe el Ejecutivo el próximo 15 de septiembre deberá incluir el gasto para llevar adelante las elecciones de 2027.