La localidad rionegrina de Allen está convulsionada por la presentación de firmas vecinales para pedir la revocatoria del mandato del intendente Marcelo Román, quien en paralelo afronta una causa judicial por presunta malversación de fondos públicos y peculado.
Una mujer jubilada de la localidad y una ex empleada municipal, despedida durante la gestión del jefe comunal, tomaron la iniciativa de reunir las firmas para elevar el petitorio al Concejo Municipal.
Argumentan una “grave negligencia” en la prestación de los servicios públicos esenciales de la comuna, como eje principal de la presentación.
Román, hasta septiembre de 2025, era el único jefe comunal libertario de la provincia e incluso llegó a ejercer el rol de vicepresidente de LLA en la provincia patagónica. Sin embargo, a partir de las sospechas que surgieron por la supuesta administración fraudulenta, tuvo que dar un paso al costado y renunciar a esa representación partidaria.
Hasta allí se escudaba en el paraguas político de la diputada Lorena Villaverde, quien aún ostenta el cargo de presidenta del partido, aunque con funciones disminuidas y “silenciada” a partir del escándalo que la involucra por una causa de narcotráfico en Estados Unidos, por la cual incluso debió renunciar a su banca en el Senado de la Nación.
Román aún se muestra como el único intendente libertario de la provincia, aunque sin respaldo político expreso: desde esa estructura política aseguran que “está solo, los armadores libertarios le soltaron la mano”.
A partir de la causa judicial que lo involucra, la gestión de Román al frente del ejecutivo de Allen ingresó en zona de turbulencias, aunque la reciente presentación de firmas para desplazarlo del cargo agudizó la crisis institucional en la ciudad frutícola.
Silvina Cantero es una docente jubilada, ex afiliada al gremio docente de la provincia, quien asumió la iniciativa de colectar firmas para desplazar al intendente. Desde fines de 2025 hasta la actualidad acumuló más de 3.000 rúbricas, que fueron elevadas al legislativo local para iniciar el proceso de revocatoria de mandato, tal como lo establece la Carta Orgánica local.
Tras la presentación, aseguró que no hubo representaciones políticas detrás de la campaña contra Román y que la misma responde a “una convicción propia”.
En la nota que acompañó las firmas, la mujer detalló que la administración municipal evidencia una profunda ineptitud en la prestación de los servicios básicos, denunciando un estado de abandono progresivo que afecta directamente la calidad de vida en los diferentes barrios de la localidad.
El documento, que ingresó con sello oficial de la casa legislativa amparándose en el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, expone severas deficiencias en áreas clave del mantenimiento urbano cotidiano. Entre los principales reclamos que motivaron el acompañamiento masivo de la ciudadanía se destacan el desinterés en la limpieza de las calles, las fallas crónicas en el sistema de recolección de residuos domiciliarios y la alarmante falta de alumbrado público.
Cantero argumentó que la parálisis de la comuna responde no solo a una falta de gestión, sino a una preocupante carencia de mantenimiento de los insumos, herramientas, maquinarias y del propio capital humano e infraestructura de proveedores necesarios para atender las demandas del ejido urbano. La docente aclaró expresamente que actuó a título personal, desvinculando el reclamo de cualquier patrocinio o encomienda por parte de agrupaciones políticas, civiles o religiosas.
Causa judicial
Román está sospechado de administrar de forma fraudulenta las finanzas comunales, aunque la causa judicial es independiente de la campaña de firmas.
El mandatario fue procesado por la Justicia y enfrenta una causa penal de gravedad institucional por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado. La investigación judicial apunta a un supuesto desvío de fondos estatales que también involucra al empresario de medios Sebastián Ocampo, señalado por los fiscales como partícipe necesario en las maniobras delictivas destinadas a damnificar las arcas de la comuna.
Este entramado de sospechas económicas tendrá su capítulo definitivo en el corto plazo, ya que las autoridades judiciales fijaron la audiencia de formulación de cargos para el próximo 8 de junio. La proximidad de la cita en los tribunales añade una fuerte presión al escenario de la revocatoria, debilitando el respaldo político de Román mientras el Concejo Deliberante evalúa los pasos legales a seguir con las firmas entregadas por la comunidad.