Un grupo de legisladores peronistas presentó un proyecto para pensionar a travestis y personas trans (transgénero y transexuales) mayores de 50 años, como compensación por haber padecido exclusión social, negación de su identidad y violación de sus derechos humanos durante gran parte de su vida.
La iniciativa, que ingresó esta semana en el parlamento rionegrino, generó la inmediata reacción de partidos opositores, quienes consideraron la iniciativa como una “verdadera locura”.
El proyecto, que lleva la rúbrica entre otros del legislador José Luis Berros y la ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, busca generar un proceso de reparación “hacia la comunidad de personas trans y travestis de Río Negro”.
Propone una asignación económica mensual, de carácter reparatorio a todas las personas mayores de 50 años, debido a que fue el sector “más excluido, estigmatizado y desprotegido, siendo sus derechos vulnerados históricamente”.
El legislador Juan Martín, presidente y principal referente del Pro en Río Negro, salió al cruce de la iniciativa y la consideró “una verdadera locura, alejada de la agenda que reclaman los rionegrinos”.
Dijo además que “lo que se propone es que el dinero de los contribuyentes vaya a pagarle un sueldo, o un subsidio, a un pequeñísimo número de personas por el simple hecho de que pertenecen a un grupo ideológicamente afín al kirchnerismo”.
En la iniciativa, que rubrican también los legisladores peronistas Daniel Belloso, Alejandra Mas, Ayelén Spósito, Leandro García, Fabián Pilquinao, Luis Ivancich y Luciano Delgado, ponderan la gestión de la expresidenta Cristina Fernández en materia de reconocimiento a la comunidad trans, cuando se aprobaron dos leyes que “han dado significativos avances y ubicaron a nuestro país a la vanguardia en el reconocimiento de la dignidad, las libertades y proyectos de vida colectivos”.
Mencionaron, en ese contexto, la Ley 216618 –que crea el Matrimonio Igualitario– y la Ley de Identidad de Género que “significó un gran avance en materia de derechos para todo el colectivo de diversidad sexual pero especialmente en la población trans permitió por un lado, el acceso al cambio registral, pudiendo llevar sus verdaderos nombres en sus documentos de identidad y por otro las reasignaciones sexuales en los hospitales públicos accediendo al sistema formal de salud”.
Martín, por su parte, aseguró que el proyecto “no sólo busca dilapidar los recursos públicos, sino que también va en contra del principio de igualdad ante la ley, que debería ser lo más importante en una democracia”.
Los impulsores del proyecto creen que, a pesar de las iniciativas aprobadas durante la gestión K, los derechos de la población trans “continúan siendo vulnerados por no cumplir con mandatos sociales heteronormativos, lo cual nos exige continuar generando políticas públicas y promoviendo normativa que contribuya al pleno ejercicio de derechos».
En la fundamentación del proyecto, consignan que la expectativa de vida de las personas travestis y trans es entre 35 y 40 años de edad, y los circuitos de supervivencia más comunes siguen siendo actualmente el trabajo informal y la prostitución.
En 2024, la actual senadora Ana Marks -en aquel momento como legisladora- impulsó un proyecto similar con el objeto de reconocer “la deuda histórica del Estado con la comunidad travesti trans y a promover herramientas concretas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida” aunque la iniciativa no tuvo avances en su tratamiento parlamentario, lo que motivó la nueva presentación.