Juan Bautista Mahiques, flamante ministro de Justicia, manifestó públicamente este viernes su deseo de que los clubes de fútbol puedan optar por transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
“Yo estoy a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas”, dejó en claro sin titubeos el funcionario, durante una entrevista con LN+.
A quien hasta hace pocas horas era jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, le gustaría “que cada club elija”.
“Hay una causa judicial que está en trámite. Si mal no recuerdo, la Corte Suprema tiene que resolver por la cautelar que impidió las SAD. ¿Me pregunta a mí? Yo estoy a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas», manifestó.
Asumido en medio del momento más tenso de la relación entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino, Mahiques completó: “Me gustaría que tengan los clubes la posibilidad, a través de sus socios, de elegir si quieren ser una Sociedad Anónima Deportiva o no. Me parece mal que la AFA les quite esa posibilidad. Cada club debería tener la posibilidad de elegir”.
En las últimas horas, como parte de una limpieza general en los organismos que dependen de su cartera, Mahiques tomó una decisión que impactó de lleno en el conflicto entre el Ejecutivo y la casa madre del fútbol argentino. Desplazó a Daniel Vítolo, quien llevaba adelante la batalla desde la Inspección General de Justicia, y nombró en su lugar a Alejandro H. Ramírez, quien en su trabajo privado como abogado ha litigado contra la AFA.
Ramírez ha representado a la empresa Berg Watches S.A. en una demanda contra la AFA. La compañía y la entidad fueron socias en la comercialización de 10.000 relojes de lujo en homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo en 2022.
Los mismos contaban con un diseño en color celeste, con detalles que denotan la tercera estrella, movimiento suizo Ronda 704 y cristal de zafiro. Evidentemente, algo salió mal, la sociedad se quebró y los relojes ya no se pueden ver en la página oficial de la empresa, aunque persiste en la web la descripción del artículo.
La IGJ protagoniza un conflicto con la AFA, sobre todo luego de que requiriera la designación de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual de la entidad que rige al fútbol argentino.
En un intento por obstaculizar ese trabajo, la asociación civil estableció su domicilio en Pilar, quedando así bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
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