
Luego de meses de negociaciones, reuniones y planificación, el Gobierno pondrá en juego este miércoles los acuerdos a los que llegó con los diferentes sectores políticos -que le costaron varias conseciones-, cuando se trate finalmente en el Senado la reforma laboral, que podría significar el primer triunfo legislativo de La Libertad Avanza del 2026.
Las autoridades nacionales están confiadas de que tienen los votos necesarios como para que el proyecto acordado con la oposición “dialoguista” obtenga fácilmente la media sansión y pase a la Cámara de Diputados, donde el escenario es más complejo.
Fueron horas frenéticas las que se vivieron desde comienzos de esta semana, en las que los principales referentes del oficialismo se dedicaron casi exclusivamente a conseguir los apoyos para la iniciativa que originalmente se iba a debatir en diciembre pasado, pero que se postergó hasta esta fecha para evitar una posible derrota, ya que en ese momento no tenían un número de respaldos garantizado.
El ministro del Interior, Diego Santilli, comenzó el lunes recibiendo en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, uno de los aliados electorales de los libertarios y que tiene influencia sobre la senadora Silvana Schneider.

El martes, en tanto, el funcionario se reunió directamente con la senadora por Misiones Sonia Rojas Decut, que junto a su compañero de banca Carlos Arce responden al mandatario de esa provincia, Hugo Passalaqcua, con quien “El Colo” conversó en noviembre.
En paralelo, la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, fue el nexo entre el Poder Ejecutivo y los aliados en el recinto, con los que terminó acordando las modificaciones sobre el proyecto que luego fueron avaladas por la mesa política nacional.
Una de las decisiones más importantes que se tomaron fue la de eliminar la baja al impuesto a las Ganancias prevista para las empresas, un punto que era fuertemente rechazado por los gobernadores, pero que también habría sido puesto en duda por el propio Ministerio de Economía.
No son pocos los mandatarios locales que aseguran que en la Casa Rosada los “usaron como excusa para retirar una medida que también perjudicaba al superávit fiscal”, prioritario para el presidente Javier Milei.
En total, fueron 28 los artículos que se modificaron o eliminaron del texto original, los cuales entre el lunes y el martes Bullrich discutió con los representantes de los otros bloques, y luego convalidó con el resto de la cúpula libertaria.

Una vez que tuvo el visto bueno, la ex ministra de Seguridad encabezó una conferencia de prensa en el Senado para anunciar el acuerdo al que había llegado con los otros espacios. Lo hizo acompañada por el jefe de la bancada de la UCR, Eduardo Vischi, y del PRO, Martín Goerling.
En la reunión del lunes no estuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que hasta último momento no definirán su posición. El gobernador Claudio Vidal habla con ellos, pero suelen tener juego propio. Lo más probable es que terminen votando a favor, según pudo saber este medio.
En el Congreso, como es habitual en cada sesión importante, estarán siguiendo de cerca los acontecimientos algunos de los máximos referentes libertarios, como Santilli, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
No se descarta que en algún momento de la jornada aparezcan también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como ocurrió en el pasado.
En los alrededores del Palacio Legislativo, por otra parte, será protagonista la marcha a la que convocaron contra la reforma laboral las dos CTA y la CGT, a pesar de que esta última organización consiguió varios cambios en el proyecto que la benefician.

“Otra vez un grupo de sindicalistas eligió mantener sus intereses sectoriales y sus privilegios a costa de perjudicar a todos los argentinos”, consideró respecto de esta manifestación una fuente cercana a Milei.
En este sentido, las autoridades nacionales defendieron la norma que se va a debatir este miércoles, al considerar que “la modernización laboral es para los trabajadores informales, para las PyMEs y para los jóvenes que no consiguen su primer empleo”.
Al respecto, remarcan que “hoy, el 50% de los trabajadores argentinos, es decir, aproximadamente 5 millones de personas, trabajan en la informalidad, sin ningún tipo de derecho”.
“Argentina tiene la misma cantidad de trabajadores formales en blanco que hace 12 años y es el país que menos empresas crea en América Latina cada 100.000 habitantes. Además, está en el top 3 de países con mayor presión impositiva. La modernización laboral no quita derechos, sino que soluciona estos problemas”, aseguran en Balcarce 50.
Sobre la protesta, en el Gobierno sostienen que, “si los sindicalistas realmente se preocuparan por los trabajadores, buscarían una solución a la informalidad”.

“Se oponen a la modernización, pero no tienen ninguna propuesta para defender a quienes supuestamente dicen representar”, cuestionó uno de los integrantes del Gabinete.
Por otra parte, el oficialismo ya comenzó a preparar la batalla en Diputados, Cámara a la que será enviada esta reforma una vez que -si todo sale según los planes de LLA- sea aprobada en el Senado.
Aquí la situación es diferente, ya que los números para la Casa Rosada son más finos y no hubo tantas conversaciones, más allá de un encuentro entre Santilli y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo.
Uno de los puntos que acordó Bullrich fue que la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se creará para que las empresas puedan pagar las indemnizaciones en caso de despido injustificado, sea controlado por la comisión de Previsión y Seguridad Social.
El martes por la tarde, la bancada de La Libertad Avanz se juntó en el Congreso para hablar de todos los temas que había en agenda, ya que el jueves el oficialismo se jugará otra apuesta importante con el tratamiento del régimen penal juvenil.
Por la mañana, el Ejecutivo retiró el texto que había conseguido dictamen el año pasado y envió uno nuevo, que tiene varios aportes de los aliados -como Ritondo- y fija la edad de imputabilidad en los 14 años y no en los 13, entre otros cambios.
Si bien todavía no comenzó a discutirse, en el bloque que lidera Gabriel Bornoroni ya tienen en mente pedir la presidencia de la mencionada comisión, que todavía no fue constituida luego del recambio legislativo.
No obstante, y a pesar de que es un escenario más adverso, el espació asegura que la reforma laboral será también aprobada en Diputados sin ningún cambio respecto de lo que llegue del Senado.
De todas formas, y como precaución, Milei va a extender el periodo de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, lo que le da margen al Congreso para terminar de votar el proyecto, si es que tiene que volver eventualmente a la Cámara Alta.
Como justificación, se alude a una cuestión técnica, ya que por reglamento interno tiene que haber una ventana de al menos 10 días entre el dictamen de una iniciativa -en Diputados se firmaría el 18 de este mes- y el final de las sesiones.
