El oficialismo ya se hizo a la idea de que hasta el 10 de diciembre el Congreso de la Nación es “territorio minado”. En medio de la campaña electoral para las elecciones de medio término de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, La Libertad Avanza perdió el control de la agenda del Palacio Legislativo que hoy se maneja al ritmo de la oposición.
En la última semana, el oficialismo sufrió derrotas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Y, aunque logró contener el veto al incremento de las jubilaciones, lo que significa el “cheque” más importante, encadena derrotas políticas significativas. Y no serán las últimas, parece.
Las últimas dos semanas los diputados de la oposición lograron avanzar en leyes, emplazamientos y rechazos de decretos que dejaron partida al oficialismo y a sus aliados del PRO que no logran recuperar la iniciativa.
Unión por la Patria, Democracia, Encuentro Federal, la izquierda y la Coalición Cívica vienen articulando un temario en el que buscan imponer una mayoría que impulse leyes en paralelo a las que pretende La Libertad Avanza, que hasta ahora apostó a bloquear las comisiones claves para detener el avance opositor. Ley de ATN, rechazo de 5 decretos, ley de financiamiento del Garrahan y de Emergencia en Discapacidad y modificación de la Comisión $Libra más varios emplazamientos son algunas de las votaciones que perdió LLA en el recinto.
Pero el temario que molesta al oficialismo no se agotó. La semana que viene, entre martes y miércoles, se retoma la Comisión $Libra en donde van a elegir al presidente de la comisión, algo que hasta ahora el oficialismo había logrado bloquear. La intención de la oposición es no emitir dictamen, pero sí acordar una primera lista de invitados que entienden involucrados.
Otra comisión que se va a crear es la Especial de Investigación sobre Fentanilo, algo que también representa un riesgo para LLA que busca tener la presidencia de la misma y el bloque K aspira a ocupar el mismo lugar.
En paralelo, los gobernadores negocian con la Casa Rosada por el avance del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado sobre la modificación del reparto del Impuesto a los Combustibles que tiene como destino el financiamiento de Vialidad Nacional. En este caso, el apoyo de los jefes provinciales con quienes LLA cerró acuerdos electorales puede inclinar la balanza a su favor y sortear un conflicto tanto en el recinto como con las provincias.
En otros dos proyectos en donde puede obtener un triunfo es en la votación sobre la vuelta de la moratoria jubilatoria. El proyecto que fue vetado por el Presidente Milei formaba parte del temario la semana pasada, pero el bloque de UP junto a algunos de sus socios decidieron levantar la sesión frente a la posibilidad cierta de no tener los dos tercios para lograr la insistencia.
Algo similar sucedió con la Emergencia para Bahía Blanca que también fue vetado por el Presidente y que la oposición no logró el número necesario de votos para avanzar. Tanto es así que la diputada de la UCR Karina Banfi utilizó las redes sociales para responder al diputado y presidente de la Cámara, Martín Menem, quien señaló que no hay que insistir porque el Gobierno ya gestionó la ayuda a las familias.
«Hay que insistir Martín porque el decreto no es suficiente y la ayuda no llegó a todos. No duplica nada, ordena sobre el mismo monto y otorga transparencia. Es un ganar-ganar. El gobierno nacional se comprometió en enviar fondos por $ 200.000.000.000 por decreto y tiene el siguiente problema: no llegó a todos los necesitados. Según el último informe del Jefe de Gabinete al Senado se entregaron en subsidios por $ 65.239.000.000 a personas afectadas inscriptas en proyecto Sur y confirmó que faltan $134.761.000.000 entregar. Qué están haciendo con ese dinero?“, preguntó la diputada que impulsa la insistencia pero que no logra el acompañamiento de varios de sus colegas.
Pero la discusión más compleja que deberá enfrentar en los próximos días es la llegada del Presupuesto 2025. El proyecto de ley tiene que ingresar al Congreso el próximo 15 de septiembre. Y el debate será cómo se reparten los fondos en cada uno de los sectores que tiene que cubrir la administración pública nacional y lo que reclaman todos los gobernadores: obra pública nacional.
